Gobierno reconoció al Clan del Golfo como Grupo Armado Organizado (GAO) para avanzar en la Paz Total
El Gobierno nacional expidió la Resolución 294 del 5 de septiembre de 2025, mediante la cual reconoce al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, como un Grupo Armado Organizado (GAO). La decisión representa un paso importante dentro del marco de las conversaciones que esta organización sostiene con el Estado colombiano en Catar.
¿Qué implica el reconocimiento del Clan del Golfo como GAO según el Derecho Internacional Humanitario?
De acuerdo con el documento oficial, el Ejército Gaitanista de Colombia (conocidas también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia) cumple con los requisitos establecidos en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la legislación colombiana y por lo tanto: tiene mando responsable, controla territorios definidos y realiza operaciones militares sostenidas.
Por lo tanto, este reconocimiento como un Grupo Armado organizado (GAO) significa que:
La organización queda sujeto a las normas del DI: lo que implica obligaciones en la conducción de hostilidades y respeto a la población civil.
Se mantiene la facultad del Estado de perseguir judicial y militarmente a sus integrantes: es decir, el reconocimiento no suspende operaciones militares ni investigaciones penales.
No implica otorgar estatus político ni legitimación como organización insurgente: el Clan del Golfo no es reconocido como un movimiento rebelde, sino como una estructura armada ilegal con la que el Gobierno puede abrir procesos de sometimiento o negociación.
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Camino hacia una salida socio-jurídica
A través de la resolución, el Gobierno explicó que este reconocimiento permite avanzar en un “en una conversación socio-jurídica” con el Clan del Golfo, con el objetivo de explorar mecanismos para su sometimiento a la justicia, la reducción de la violencia y la desarticulación de sus estructuras armadas.
Este paso se inscribe dentro de la estrategia de la “paz total” del gobierno del presidente Petro, que busca generar condiciones para que diversos grupos ilegales —no solo insurgentes sino también de carácter criminal— encuentren salidas negociadas y dejen las armas.