La Procuraduría General de la Nación advirtió que está en riesgo el programa de la primera infancia para los niños wayuu por los retrasos en los procesos de selección y contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Según el ente de control a la fecha, se evidencian demoras en la firma y en el inicio de la ejecución de los contratos, sumado a un alto número de zonas declaradas desiertas en La Guajira.
"El cambio de modelo para la atención integral de los wayuu en los municipios priorizados de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure ha ralentizado la contratación en la modalidad propia e intercultural con componente alimenticio de por lo menos 80 mil familias (...) no hay un censo claro que permita determinar con certeza a cuántas comunidades, familias e individuos se les proporciona la atención", indicó el Ministerio Público.
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La Procuraduría igualmente hizo un llamado para que se revisen "los requisitos para los oferentes, la selección objetiva, los criterios aplicados y la implementación de invitaciones cerradas para la escogencia de los operadores", teniendo en cuenta el estado de cosas inconstitucional frente a la comunidad Wayuu, "los incumplimientos y abandono por parte del Gobierno Nacional se siguen dando en materia de salud y educación".
Ante la situación y para evitar que la comunidad Wayuu quede desprotegida, el ente de control citó para el próximo 20 de junio a la directora del ICBF, Astrid Cáceres, para que informe sobre los planes para solucionar la problemática.