Trasladan a la Fiscalía el caso de contratistas que se acreditaron como beneficiarios de tierras en el Cesar
Con un mensaje claro del presidente Gustavo Petro Urrego, inició su intervención en rueda de prensa en Valledupar, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República Andrés Idárraga Franco, sobre la investigación a 12 contratistas que, según pruebas, se acreditaron como beneficiarios de tierras en el Cesar.
“No estamos aquí para taparle nada a nadie, venga de donde venga, la instrucción del presidente de la República es darle traslado a la Fiscalía General de la Nación a estas personas para que respondan por una serie de posibles delitos”, dijo Idárraga Franco, ante los medios de comunicación.
El Secretario de Transparencia precisó que las denuncias recibidas de forma anónima alertaron sobre actos administrativos suscritos que otorgaban beneficios de tierras a título gratuito a personas que no cumplen con las condiciones de vulnerabilidad requeridas; lo que corresponde a posibles irregularidades en la expedición de resoluciones dentro del programa de acceso y formalización de tierras, ejecutado por la Agencia Nacional de Tierras, que podría constituir en delitos como falsedad en documento público y omisión de deberes por parte de funcionarios públicos.
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En sus declaraciones ante los medios, continuó: “Estamos hablando de personas que firmaron contratos con entidades públicas como la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Víctimas, la Agencia de Desarrollo Rural, el DANE, el SENA y Fonade”, precisando que algunas personas tenían contrataciones de 80 millones y de 150 millones, lo que es una muestra fehaciente que no se trata de personas en condición de vulnerabilidad.
Entre los funcionarios y contratistas que estarían incursos en esta irregularidad se encuentra Alcides Rafael Araújo Molina, actual director territorial, William Henry Montoya Villarreal, esposo de Alexandra Pineda y contratista de la ANT.
También mencionó a Alviluz Ortiz Rocha, Andrea Gámez Urrego, Jorge Gustavo Sierra, Nixon Emiro Saldaña, Andrea Carolina Navarro Serna, , Nelson Rafael Peñaranda, Edgar Villarreal, Miladis Pino, Liliana Almanza, y Rafael Enrique Ramírez Contreras.
Idárraga Franco considera que sí hay irregularidades con respecto a que contratistas de la ANT hagan parte del Registro de Sujetos de Ordenamiento, RESO, una plataforma pública que entre sus principales funciones está la de identificar y validar a potenciales beneficiarios de tierras a título gratuito en Colombia.
Investigaciones en la Universidad Popular del Cesar
También dijo el secretario de Transparencia de la República que se investiga también posibles irregularidades en la contratación en la Universidad Popular del Cesar, relacionada con sobrecostos y malos manejos administrativos que deberá responder por ello el actual director Rober Romero Ramírez.
“Hemos entendido, de acuerdo a los documentos anónimos que nos han llegado, que ha habido una serie de situaciones, de acuerdos establecidos por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, asociados a temas rectorales, pero que se han venido, por decirlo de una manera, de acuerdo a las alertas, siendo apropiados por parte del rector, por encima del Consejo Superior Universitario”, dijo Idárraga Franco. Estos señalamientos estarían ejemplarizados con nombramientos sin el lleno de requisitos; sobrecostos en un 60% en la contratación de la renovación tecnológica como en la compra de computadores y equipos.
Además de los casos de investigación sobre malos manejos en la entrega de tierras y en contrataciones en la Universidad Popular del Cesar, el secretario de Transparencia dijo que se avanza por indagaciones sobre supuestos malos manejos en contratos de obras con sobrecostos o no ejecutadas en los municipios de Valledupar, Becerril, El Paso, entre otros.
Estos procesos ya fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación para que determine si existe responsabilidad penal y a la Procuraduría General por el lado disciplinario.