Procuraduría le pidió al Tribunal Superior de Bogotá tumbar condena contra Uribe
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tumbar la sentencia condenatoria de primera instancia proferida contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.
En el recurso de apelación, el Ministerio Público sostuvo que “los errores en la apreciación de la prueba, principalmente la incorrecta observación objetiva de la misma, llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación (artículo 30) y lo relativo a la tipicidad (artículos 10, 444A y 453 del Código Penal), así como a la falta de aplicación del artículo 7 de la Ley 906 de 2004, lo que necesariamente debió resultar en la absolución del procesado”.
El documento, firmado por el procurador delegado Vladimír Cadena Crespo, señala que la sentencia de primera instancia “no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios examinados” y que la valoración de la prueba estuvo marcada por “una gran carga subjetiva que es ajena a la valoración adecuada de la prueba”.
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La Procuraduría cuestionó que el fallo considerara a Uribe como “verdadero arquitecto” de una estrategia de manipulación de testigos, asegurando que esta conclusión se originó en 2017 a partir de una "inferencia deficiente" y no de una prueba directa.
Por estas razones, el Ministerio Público pidió al Tribunal que revoque el fallo condenatorio “en los aspectos que fueron objeto de disenso”.
Contexto de la condena
El 1 de agosto de 2025, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el primer exmandatario colombiano en recibir una condena penal al ser hallado culpable de fraude procesal y soborno a testigos.
La jueza Sandra Heredia lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Además de la privación de la libertad, Uribe deberá cancelar una multa económica equivalente a aproximadamente 2.400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma que representa varios cientos de millones de pesos colombianos.