Procuraduría pidió negar demanda de pérdida de investidura contra Gustavo Bolívar
La Procuraduría General solicitó al Consejo de Estado rechazar la demanda de pérdida de investidura contra el senador Gustavo Bolívar, por financiar al movimiento conocido como la Primera Línea.
Lo anterior lo hizo el Ministerio Público en el marco de la audiencia de pérdida de investidura contra el exsenador en el Consejo de Estado, donde argumentó que contrario a la demanda presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno, Bolívar no vulneró el artículo 110 de la Constitución, que prohíbe a los funcionarios públicos financiar o promover cualquier tipo de financiación a movimientos políticos o candidatos, porque la ‘Primera Línea’ no es una organización política reconocida por las autoridades colombianas.
“La verdad es que en concepto del Ministerio Público, para el momento de los hechos no es posible tener una certeza de que se trate de un movimiento político, porque este tiene una definición que le da una connotación de organización encaminada a incidir en la voluntad política o a participar en las elecciones, y en el momento en que ocurren los hechos no era posible poder identificar estos elementos”, indicó el Ministerio Público.
La Procuraduría agregó que no se debe equiparar el movimiento social con el movimiento político, porque son elementos totalmente diferentes “y para efectos de la aplicación del artículo 110 de la Constitución reiteramos tiene que estar claramente establecido que se trate de un movimiento político”.
La demanda fue presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno. La tesis, como se mencionó anteriormente, es que Bolívar incurrió en una falta luego de que promovieron una colecta para financiar las acciones de la denominada ‘Primera Línea’.
El senador compartió una colecta que estaba haciendo el colectivo Manos Limpias, con la que buscó dar recursos a los manifestantes, que en ocasiones terminaron enfrentados con la Policía y el Esmad.
Varios usuarios cuestionaron en su momento al senador por apoyar ese financiamiento, cuando se ha visto que muchas de estas confrontaciones terminan con civiles y uniformados heridos.
Por estos mismos hechos el senador enfrenta una investigación preliminar, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Procuraduría General.
El alto tribunal y el organismo de control disciplinario ya anunciaron la práctica de pruebas para determinar si existen o no elementos para abrir un proceso formal contra el congresista.
