La Fiscalía General de la Nación avanzó en la investigación por el atentado perpetrado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio, con la imputación de cargos a Carlos Eduardo Mora González, señalado como presunto coautor del ataque. La formulación se realizó ante un juez de control de garantías, en audiencia realizada en Bogotá el 12 de junio.
Mora González fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos.
La Fiscalía sustenta su acusación en elementos materiales probatorios, evidencia física y demás información legalmente obtenida hasta la fecha.
De acuerdo con la investigación, la presunta participación de Mora comenzó el jueves 5 de junio, cuando habría realizado un reconocimiento previo del sitio donde se cometería el atentado.
El viernes, según el ente acusador, coordinó la fase final de la logística. Finalmente, el sábado 7 de junio, día del ataque, habría estado presente en el vehículo desde el cual se entregó el arma al adolescente que disparó contra el senador Uribe Turbay y donde también se produjo el cambio de prendas del menor, según lo revelado por la Fiscalía.
Ante la gravedad de los hechos y el papel que se le atribuye, el equipo de fiscales encargado del caso solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Carlos Eduardo Mora González.
La decisión sobre dicha solicitud será tomada por el juez de garantías tras valorar los argumentos de las partes y la evidencia presentada.
Además de esta imputación, otras dos personas se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía, donde se les realizó diligencia de interrogatorio en calidad de indiciados.
La entidad no reveló sus identidades, dado que su situación jurídica aún está en valoración, y por tratarse de una etapa reservada del proceso.
Finalmente, la Fiscalía indicó que la publicación de esta información obedece a razones de interés general, considerando que la víctima del atentado es un funcionario de elección popular con aspiraciones presidenciales. “Se trata de un caso que afecta la institucionalidad y el ejercicio de la política en condiciones seguras”, señalaron fuentes del ente investigador.