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Fiscalía acusa exdirectivos por corrupción en la Nueva EPS

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y a tres exdirectivos de la entidad por su presunta participación en un esquema de corrupción que habría comprometido recursos públicos del sistema de salud entre 2019 y 2022.
Geraldine Rozo

 Junto a Cardona Uribe fueron acusados Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente administrativo y financiero; Édgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad, y Fabián Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas.

Ante el Juzgado 54 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la Fiscalía radicó el escrito de acusación por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud. En el caso del expresidente de la Nueva EPS, el ente acusador agregó el delito de peculado por apropiación.


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De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del grupo de salud de la Dirección Especializada contra la Corrupción, los exdirectivos habrían omitido el procesamiento de 14 millones de facturas correspondientes a servicios prestados por Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Como parte del material probatorio, la Fiscalía expondrá en juicio las inconsistencias detectadas en 3.419.015 facturas, revisadas por peritos contables del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que habrían servido para reportar utilidades inexistentes.

Según la Fiscalía, los estados financieros de la Nueva EPS presentaban una situación irreal en aspectos clave como reservas técnicas, costos, ingresos y patrimonio. En informes presuntamente adulterados se habrían reportado utilidades que no existían y que, según el ente acusador, alcanzaban los 70.563 millones de pesos, las cuales fueron presentadas ante la Junta Directiva y la Asamblea de Accionistas para solicitar su inversión en el pago de deudas de vigencias anteriores.


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Durante la audiencia de acusación, la Fiscalía sostuvo que esta información financiera también fue entregada a la Superintendencia Nacional de Salud para obtener la renovación de la licencia de funcionamiento y evitar una eventual intervención, pese a que la EPS registraba pérdidas de manera sostenida. El ente investigador advirtió que este presunto entramado afectó los controles internos y tuvo impacto directo en la atención de miles de usuarios del sistema de salud.

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