Luego de la acción de tutela que interpuso el ciudadano Ernesto Camilo Brugés el pasado 19 de junio, alegando que no había ningún estudio científico que demostrara la efectividad de aplazar la aplicación de la vacuna de Pfizer de tres a 12 semanas, el Juzgado 004 Civil del Circuito ordenó que el Ministerio de Salud debía suministrar la segunda dosis del biológico en un plazo máximo de 21 días.
En diálogo con Señal de la Mañana de Radio Nacional de Colombia, el tutelante aseguró que con este recurso jurídico buscaba fundamentalmente que se le respetara el derecho a la salud y la vida, teniendo en cuenta que la decisión del Ministerio de Salud se alejaba completamente de las orientaciones entregadas por la farmacéutica para la aplicación de la vacuna.
“Cuando me dicen que la segunda dosis me la iban a aplicar a los 90 días, llamé a mi hermano que es médico y le pedí que me asesorara. Además, le dije a mi esposa que me ayudara a descargar toda la información relacionada con la vacuna, como es el caso de la ficha técnica y las declaraciones de los organismos internacionales frente a la aplicación de la segunda dosis a los 21 días. Me llené de pruebas y el día 19 de junio presenté mi tutela. El 6 de julio fallaron a mi favor y el 8 de julio pude ponerme mi segunda dosis”, relató Brugés.
Señaló que la decisión del juez se fundamentó principalmente en la información entregada por la empresa fabricante sobre los tiempos establecidos para suministrar la vacuna y en la carencia de estudios científicos que avalaran la efectividad de aplazar la aplicación de la segunda dosis a los 90 días.
“El juez falló a mi favor, porque Pfizer dijo categóricamente que no había un soporte que avalara y pudiera sostener a nivel mundial que la segunda dosis era efectiva después de los 90 días, además de la incapacidad del Ministerio de Salud de sostener con estudios científicos el aplazamiento”, resaltó.
El ciudadano aclaró que esta decisión únicamente procede en su caso, pero sostuvo que está dispuesto a publicar su acción de tutela para que los demás ciudadanos que se sientan vulnerados, presenten este recurso jurídico.