Judicial

Se trata del juez Gilberto Vargas Hernández, quien señaló que la mujer víctima habría motivado las agresiones.

El alto tribunal precisó que el derecho a la salud de esta población exige un cuidado apropiado que reconozca sus identidades diversas.

Actualmente esto es considerado un delito en el país con penas entre los 16 y 36 meses de prisión.

La acción recae sobre los funcionarios que lideran el proceso de reconstrucción de la isla de Providencia y Santa Catalina.

Familias de la isla señalan que se están vulnerando los derechos fundamentales de la comunidad raizal.

Medicina Legal precisó que en el cuerpo de la joven, si hay “golpes de alta energía”.

El funcionario es investigado por presuntas irregularidades en contratos para las obras de un tramo de la troncal de la Paz.

A los implicados se les imputó los delitos de concierto para delinquir, trafico, fabricación y porte de estupefacientes y daño en bien ajeno.