Diferentes voces analizan la decisión judicial de investigar a Álvaro Uribe por el asesinato de dos defensores de DD. HH.
El pasado 6 de octubre, un juzgado de Medellín emitió una orden para que se inicie una investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez, en relación con los asesinatos de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza.
Esta directriz judicial se produjo dentro de la misma sentencia, de 82 páginas, que dictó una condena de 28 años de prisión contra José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba en 1999.
La compulsa de copias se basa en el testimonio de un exmiembro de grupos paramilitares, el cual fue referenciado en múltiples ocasiones a lo largo del juicio contra Narváez. Según este testigo, en 1997 se llevó a cabo una reunión en la finca Las Marraneras, donde presuntamente participaron los hermanos Uribe Vélez (siendo Álvaro el gobernador de Antioquia en ese momento), Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, miembros de la Policía Nacional y un general de la Cuarta Brigada de apellido Ospina.
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En ese encuentro, el exparamilitar declaró que se discutió la necesidad de “callar” a varios defensores de derechos humanos que investigaban la connivencia entre paramilitares y agentes del Estado. Afirmó que Carlos Castaño entregó a Santiago Uribe una lista con los nombres de las personas que debían ser silenciadas, entre las que se encontraban los abogados Valle y Umaña.
Jesús María Valle fue asesinado en febrero de 1998 y Eduardo Umaña Mendoza, en abril de ese mismo año. Ambos juristas investigaban masacres ocurridas en Antioquia en los años noventa, como las de El Aro y La Granja, y documentaban la colaboración de integrantes de la fuerza pública con las estructuras paramilitares. Durante años, las familias de los abogados han sostenido que los crímenes fueron ordenados por Carlos Castaño Gil, líder de las AUC, con el apoyo de agentes estatales.
En el fallo, el juzgado especifica en el cuarto punto la orden de compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue a los hermanos Uribe Vélez y al general Ospina como presuntos determinadores de estos homicidios.
Paralelamente, la sentencia contra José Miguel Narváez por el secuestro extorsivo de Piedad Córdoba fue declarada un delito de lesa humanidad. La condena incluye el pago de una indemnización a los familiares de la exsenadora.
Actualmente, Narváez se encuentra en prisión cumpliendo otras tres sentencias por su implicación en las interceptaciones ilegales del DAS, su participación en el crimen del periodista Jaime Garzón y la tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque.
Reacciones de expertos
Para la profesora y exconcejal de Medellín Dora Saldarriaga, esta decisión representa un avance fundamental para la verdad y la memoria. Considera que, aunque la verdad absoluta sea difícil de alcanzar, es crucial que el sistema judicial aborde con seriedad la persecución histórica contra los defensores de derechos humanos en el país, calificando el fallo como un paso importante para las víctimas y sus familias.
Por su parte, Federico Restrepo, experto en resolución de conflictos, opina que el cerco judicial se está estrechando en torno al expresidente Uribe. Señala que, a pesar de que la investigación sobre el homicidio de Jesús María Valle parecía destinada a la impunidad, la justicia avanza de forma lenta pero persistente. Restrepo reconoce que el exmandatario cuenta con un experimentado equipo jurídico que usará todos los recursos legales disponibles, pero considera que este caso se suma a un prontuario de múltiples denuncias en su contra.