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Imposición de medida de aseguramiento contra Emilio Tapia fue aplazada para el 24 de septiembre

Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque fueron acusaron de falsedad en documento privado por el caso del contrato entre MinTIC y Centros Poblados.
Actualidad
Foto: Colprensa
Colprensa
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Luego de que el juez 53 de control de garantías de Bogotá legalizará la captura del contratista Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, representante de la Unión Temporal Centros Poblados y Juan José Laverde, integrante de Rave Agencia de Seguros, la diligencia de imposición de medida de aseguramiento contra los detenidos quedó aplazada para este viernes 24 de septiembre a partir de las 8 a.m.

Los tres detenidos son los primeros en responder penalmente por las irregularidades en medio del escándalo por la suscripción del contrato entre MinTIC y Unión Temporal Centros Poblados, con el cual se pretendía llevar conectividad a las escuelas de regiones alejadas del país.

El juez legalizó las detenciones al no encontrar irregularidades en los procedimientos, y avaló también los allanamientos y registros que se hicieron tras una investigación de tres meses, en los que, en las viviendas de los hoy capturados, se incautaron computadores, memorias, celulares y documentos claves en la investigación.

En la audiencia se reveló que a pesar de que no se realizó la captura de Jorge Enrique López Benavidez, este está vinculado al proceso y también se incautaron computadores, usb, tablets, celulares y documentos que se usarán dentro del proceso.

La Fiscalía reveló que tiene el testimonio de Jorge Alfonso Molina y Juan Carlos Cáceres Bayona, quien hace parte de Novotic, contra los hoy detenidos, de quienes aseguran falsificaron los documentos del Banco Itaú para la adjudicación del millonario contrato.

Asimismo, la Fiscalía presentará las garantías bancarias falsas y un estudio grafológico de Infocrédito donde se establece que los documentos son falsos, así como el interrogatorio al testigo Juan Carlos Cáceres Bayona, quien explicó el papel que cumplió cada uno de ellos en el contrato.

Adicionalmente, se presentará el interrogatorio de Robert Antonio Gómez, representante de Novotic, que cuenta los vínculos de Emilio Tapias con la UT Centros Poblados, quien asegura que Tapias a través de terceros, manejaba Intel de la Costa, ICM y Omega, empresas que conforman Centros Poblados.

La Fiscalía estudiará los celulares, un morral, un sobre de manila con 26 folios de documentos, un disco duro de una Tera de almacenamiento, un chuque de 30 millones, recibos de cajero de Bancolombia encontrados en el apartamento de Juan José Laverde.

Imputación

A Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque los acusaron de falsedad en documento privado por la garantía que se presentaron del Banco Itaú, además de fraude procesal por las garantías de cumplimiento y acta de inicio del contrato.

La Fiscalía cuestionó que fueron falsificadas tres pólizas, la de buen y adecuado manejo del anticipo, la que respaldaba el cumplimiento general del contrato y una final que respaldaba el pago de los salarios.

“Ustedes, señores Emilio Tapia y Juan José Laverde falsificaron la garantía bancaria suscrita por Duque, subiéndolo a la Secop, documento falso que sirvió de prueba para cumplir con el requisito de la contratación”.

La Fiscalía aseguró que Emilio Tapia fue quien presentó a Juan Carlos Bayona, socio de Novotic, los nombres de ICM ingenieros y las demás empresas que ahora conforman Centros Poblados, por lo que ‘en la sombra’ habría sido Tapia quien orquestó todo para la adjudicación.

“Era usted quien manejaba dichas empresas a través de terceros, encargándose de la garantía falsa con el fin de que Mintic adjudicara el contrato”, le dijo la fiscal a Tapia.

Además, agregó que Laverde, fue quien hizo el contacto para conseguir la oferta falsa y luego se la envió al representante legal de la UT para que la entregara al Ministerio.

“Su participación señor Juan José Laverde, en su condición de corredor de seguros de la empresa Noutovic fue vital…fue la persona encargada por parte de la Unión Temporal de adquirir la póliza para oferta, pero una vez estableció que ninguna empresa de seguros expediría la póliza de seriedad a la Unión Temporal Centros poblados Colombia 2020, contacto al Señor Jorge Alfredo Molina García Mayorga a fin de que obtuviera la garantía falsa a través del Señor Jorge Enrique López”, aseguró la fiscal.

Así mismo, en la audiencia aseguró el ente acusador, que Jorge Enrique López Benavides, quien no se logró capturar, sería el encargado de elaborar el documento privado consistente en esa garantía de seriedad de la oferta falsa.

“Ustedes ejecutaron con pleno conocimiento que estaban participando en la falsificación de un documento privado, denominado garantía de seriedad, para la oferta de una licitación pública… pero no estaban entregando ningún documento ni información alguna que soportara la capacidad financiera de las empresas que conforman la Unión Temporal”, aseguró la Fiscalía.

Además, aseguraron en la imputación que los detenidos indujeron a un en error a los servidores públicos encargados de hacer la revisión de la adjudicación.

El ente acusador señaló además que luego de falsificar la garantía procedieron a incorporarla al proceso contractual. Duque, como representante legal de la UT, firmó las garantías falsas y las hizo llegar al Mintic.

“Por su parte usted señor Luis Fernando Duque Torres como representante legal de la Unión Temporal y responsable para suscribir los actos contractuales se encarga de gestionar con Juan José laverde y Emilio José Tapia Aldana el trámite las prescipción de esas tres garantías de cumplimiento faltan documentos que a su vez usted suscribe y es usted también que nos carga en la plataforma del Secop 2”.

“Jorge Enrique López Benavides, es importante destacar, es la persona encargada de falsificar esos documentos privados, en consecuencia todos ustedes tenían el pleno conocimiento que estaban participando en la falsificación de varios documentos privados denominados garantías de cumplimiento que amparada en la ejecución de un millonario contrato público”, dijo la fiscal.

Los procesados no aceptaron los cargos imputados y se irán a juicio para intentar demostrar su inocencia. Se arriesgan a penas de entre 6 y 15 años de prisión en caso de ser encontrados responsable.

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