Minjusticia denunció presunta corrupción en contratos para alimentación de reclusos
El ministro de Justicia y el Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, alertó sobre presuntos hechos de corrupción que se estarían registrando en la contratación de la alimentación de los hombres y mujeres privados de la libertad en las 132 cárceles del país en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Según denunció, a algunos contratistas les estarían exigiendo el pago de coimas bajo amenazas de declarar el incumplimiento de lo pactado o de retrasar el desembolso de las cuentas de cobro, entre otro tipo de prácticas ilegales.
"He recibido denuncias sobre presuntos actos de corrupción en contratos para la alimentación de las personas privadas de la libertad. De acuerdo con esas denuncias a algunos contratistas de la Uspec les estarían exigiendo dinero para la renovación de los contratos y con amenazas de declararles el incumplimiento o no pagarles oportunamente las cuentas que se presenten", indicó el funcionario.
Ante estos hechos, el jefe de la cartera de Justicia solicitó adelantar las investigaciones, ya que no es la primera irregularidad que encuentra con la alimentación a las personas privadas de la libertad desde que llegó al Ministerio de Justicia.
"Por esta situación he solicitado de manera respetuosa a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República, que en el marco de sus competencias adelanten las investigaciones correspondientes en la Uspec, y en las dependencias que sean necesarias para que se esclarezca la veracidad de los hechos y si se encuentran méritos, se apliquen las sanciones que corresponden a los contratistas y funcionarios correspondientes", aseveró.
Ruiz aseguró además que conoció denuncias en las obras de construcción de una estructura modular en la cárcel de Roldanillo en Valle del Cauca, con la que esperaba ampliar los cupos y así disminuir el hacinamiento.
"Allí se construyó una estructura modular que inicialmente había sido contratada para una capacidad de unas 100 personas y sólo fueron terminados 66 cupos. La obra tiene muchas irregularidades de infraestructura que no permiten que se cumplan con las condiciones que deben tener los centros de reclusión”, advirtió.
Por este otro caso, también pidió a las autoridades investigar, pues aclaró que no recibirá la obra hasta que no se garantice el cumplimiento del contrato.
