Controversia por ataque de Trump a embarcación venezolana que habría cambiado de rumbo antes de ser hundida en el Caribe
Un operativo de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra una embarcación venezolana en aguas del Caribe, en la que perdieron la vida 11 personas, desató un fuerte debate legal y político, luego de que se conociera que el bote habría cambiado de rumbo antes de ser atacado. El hecho, fue revelado en un reportaje de The New York Times.
De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el diario, el barco pareció girar al percatarse de la presencia de una aeronave militar que lo seguía, poco antes de que se iniciara la ofensiva. Pese a ello, la embarcación fue impactada en varias ocasiones hasta hundirse. El presidente Donald Trump, quien dijo haber autorizado la operación, aseguró que se trataba de narcotraficantes vinculados al grupo Tren de Aragua que llevaban droga hacia Estados Unidos.
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En ese orden de ideas, la Casa Blanca defendió la acción como un acto de “defensa propia” bajo las leyes de la guerra, alegando que el tráfico de drogas representa una amenaza inmediata para el país, pues más de 100.000 estadounidenses mueren al año por sobredosis. Sin embargo, expertos en derecho internacional y ex altos mandos militares han calificado el ataque como una "ejecución sumaria sin sustento jurídico".
El contralmirante retirado Donald Guter, exjefe jurídico de la Marina, dijo al diario que "el argumento de defensa propia pierde aún más peso si la nave ya se estaba retirando” .
Otros especialistas coincidieron en que la administración Trump intenta equiparar el narcotráfico con un ataque armado inminente, una interpretación que no tiene respaldo en el derecho internacional.
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El ataque, según The New York Times, sería parte de una estrategia más amplia del gobierno de Trump para tratar a las organizaciones criminales de América Latina como grupos terroristas y autorizar acciones militares contra ellas.
Mientras la administración insiste en que el operativo envía un “mensaje claro” a las mafias, legisladores estadounidenses han cuestionado la falta de pruebas sobre el supuesto cargamento de drogas y el verdadero destino del barco.