Senado de EE. UU. debate resolución sobre intervención en Venezuela, cuestionando el uso de la fuerza sin pruebas ni autorización

El Senado de los Estados Unidos se encuentra en una discusión clave sobre una resolución que busca poner fin a las hostilidades en Venezuela, a menos que sean autorizadas por el Congreso. En un contexto de creciente preocupación sobre las violaciones al derecho internacional humanitario y el derecho a la vida, los legisladores exigen que el presidente de EE. UU. ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales y otras operaciones militares no autorizadas están afectando a civiles inocentes en la región.

La resolución, presentada por el senador Tim Kaine, subraya que la Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso el poder exclusivo para declarar la guerra, y hasta el momento no se ha emitido una declaración formal de guerra contra Venezuela. En este sentido, la propuesta también cuestiona el uso de la fuerza por parte del Ejército de EE. UU. y la CIA sin una debida autorización, lo que podría interpretarse como una violación del derecho internacional humanitario.

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Los senadores demócratas argumentan que no se han presentado pruebas suficientes para justificar una intervención militar y sostienen que cualquier acción bélica debe cumplir con el principio de juicio previo y justo. Las preocupaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales y la falta de un debido proceso legal en Venezuela, junto con el riesgo de que los ataques afecten a civiles inocentes, son el centro del debate.

Con una mayoría demócrata en el Senado, los legisladores buscan forzar una votación que exija la retirada de las fuerzas armadas de cualquier operación en Venezuela que no haya sido debidamente autorizada por el Congreso. En este contexto, los senadores hacen un llamado a respetar el derecho a la vida y la integridad de los ciudadanos venezolanos, y a garantizar una supervisión adecuada antes de emprender cualquier acción bélica.

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Hoy, el Congreso de EE. UU. enfrenta la oportunidad de reafirmar su compromiso con los principios del derecho internacional humanitario y la justicia. La resolución que se debate podría poner fin a una intervención militar en Venezuela que, sin la debida autorización y con evidentes riesgos de violar los derechos fundamentales, no debería continuar.