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“El paramilitarismo no solo es un actor armado, sino un entramado de intereses y alianzas”: Comisión de la Verdad

Según el Informe Final presentado por la entidad, los paramilitares han contado con el apoyo de la Fuerza Pública, sectores del estado y el empresariado, lo que ha permitido, a su vez, su persistencia.
Testimonios de paramilitares en Colombia
Paz
Foto: Ejército Nacional. Imagen de referencia.
Yaneth Jiménez Mayorga

Los hallazgos de la Comisión de la Verdad, expuestos en su Informe Final señalan que el paramilitarismo en Colombia es el principal responsable del conflicto armado en el país, con el 47 % de las víctimas letales y desaparecidos, constituyéndose en el actor armado más violento, causante de acciones violentas concentradas, principalmente, en asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas. 

En el documento denominado 'Hallazgos y Recomendaciones', la entidad explica que “el paramilitarismo no es solo un actor armado–entendido como ejércitos privados con estrategias de terror contra la población civil–, sino más un entramado de intereses y alianzas también asociado a proyectos económicos y sociales que logró la imposición de controles territoriales armados, por medio del uso del terror y la violencia, y también a través de mecanismos de legitimación, establecimiento de normas y reglas”. 

Una dinámica de la que han hecho parte algunos actores del estado, sectores de las Fuerzas Militares y la Policía, órganos estatales, organismos de seguridad, el empresariado, sectores económicos agroindustriales, extractivos y de infraestructura, entre otros, lo que ha facilitado en gran medida su permanencia, y se constituye en uno de los obstáculos centrales para avanzar hacia un proyecto nacional de paz.


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La relación con la Fuerza Pública

De acuerdo con el documento de la Comisión de la Verdad, el origen y expansión paramilitar en el país contó con el apoyo directo de directivos de la fuerza pública colombiana, entre ellos altos cargos del Ejército, muestra de ello, son las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se comprueban dichos vínculos, en casos como la masacre de La Rochela en 1989; la ejecución extrajudicial del exsenador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, en 1994; las masacres de Ituango, la Granja y El Aro, Mapiripán, a mediados y finales de los 90; y la operación Génesis, en zonas de Urabá y Chocó.  

Los testimonios y declaraciones de paramilitares expuestos en el Informe Final también dan cuenta de estas estrechas relaciones en casos como: las ejecuciones extrajudiciales presentadas como muertes en combate, más conocidos como los “falsos positivos”; las omisiones intencionales, como el levantamiento de retenes del Ejército para permitir la movilidad de los paramilitares; las colaboraciones activas en entrenamiento, entrega de armamento y municiones, como sucedió con las escuelas de entrenamiento de Puerto Boyacá, donde el Ejército facilitó armamento y material de intendencia. 

Así mismo, a través de intercambios de información y de listas de personas señaladas como simpatizantes o miembros de grupos guerrilleros; en el desarrollo de operaciones conjuntas en las cuales se cometieron violaciones de los derechos humanos; e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como la retención ilegal y desaparición forzada de 19 comerciantes por parte de paramilitares de Puerto Boyacá, sobre lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad internacional del Estado colombiano. 

Otros vínculos de apoyo tienen que ver con la coordinación, guía y movilidad en terreno entre Ejército y grupos paramilitares; préstamo de instalaciones militares y alojamiento de integrantes de grupos paramilitares. Sobre esto, la Comisión conoció el caso de la masacre cometida en 1988 en las fincas de Honduras y La Negra, hoy corregimiento de Nueva Colonia, municipio de Turbo, en Antioquia, la cual reveló los nexos entre miembros del Ejército, grupos paramilitares, narcotraficantes y mercenarios israelíes.


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Alianzas con organismos del Estado   

De acuerdo con el documento de la Comisión de la Verdad, este entramado también incluyó a las agencias de inteligencia del Estado colombiano, entre ellos, el DAS. Según un testimonio de un exoficial del Ejército: “El DAS suministraba información muy confidencial sobre quiénes en el momento estaban siendo perseguidos, sobre todo de los jefes paramilitares de cada una de las regiones, [...] organizaban procesos para cerrar procesos con la Fiscalía, que no existieran antecedentes, etc. Todo eso ellos se encargaban de borrar absolutamente todo”.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez reveló en los tribunales de Justicia y Paz que miembros de la Fuerza Pública dictaron cursos de instrucción militar a integrantes de las AUC. “Así, por ejemplo, en 1997, José Miguel Narváez Martínez, que entonces era académico de la Escuela Superior de Guerra, y quien en 2005 fue nombrado subdirector del DAS, impartía cursos en las escuelas paramilitares La 35 y La Acuarela, entre otras”.  

De otro lado, en el marco de los espacios de reconocimiento de la Comisión de la Verdad,  Mancuso también afirmó que los paramilitares tuvieron responsabilidades directas en el caso del exterminio político de la Unión Patriótica, pero que recibieron las órdenes de representantes del Estado que entregaban informes de inteligencia.

“La UP no fue exterminada por las autodefensas, su gran victimario fue el Estado colombiano. A nosotros nos endilgan infinidad de responsabilidades en el caso de la UP [...]. Esa gran responsabilidad no es nuestra, sino del Estado”, dijo el exjefe paramilitar.


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Los nexos con el empresariado 

De este entramado también han hecho parte fundamental empresarios nacionales e internacionales, poderes económicos locales y regionales y sectores productivos, que según lo expuesto por la Comisión de la Verdad, apoyaron el paramilitarismo de diferentes maneras, ya fuera porque tenían intereses en la guerra, porque sufrieron de manera directa la violencia armada y/o porque se vieron presionados a colaborar en medio de los órdenes armados en los territorios para poder operar.

En un testimonio un exparamilitar del Bloque Centauros a la Comisión relata que “el paramilitarismo no nació del narcotráfico, nació de la clase empresarial en Colombia. Es decir, son las personas que tienen sus propiedades en las distintas zonas del país, que se veían acosados por la guerrilla, con recursos y tenían, además, poder. Esa era la punta del iceberg, debajo de esa gente hay un sector empresarial muy fuerte”.  

Según el Informe, en 35 sentencias del proceso de Justicia y Paz proferidas por los tribunales entre 2011 y 2015 fueron mencionados 439 actores empresariales. En las sentencias de restitución de tierras, por ejemplo, hay referencias a estos actores en 3.000 casos, la mayoría relacionados con el sector ganadero, agroindustrial (banano y palma) y extractivo (carbón y petróleo). 

Así se presentaron casos como el del empresario Mario Zuluaga, que en uno de los Encuentros por la Verdad señaló: “[Nosotros] contribuimos a financiar esos grupos paramilitares, y fue cuando ocurrió la masacre de Punta Coquitos, la masacre de Honduras y La Negra. Entonces dijimos: 'Bueno, o ellos o nosotros'. Tomamos la decisión entre varios bananeros de que nosotros en ningún momento íbamos a permitir que la guerrilla se apoderara de la zona, entonces llamamos a estos grupos y entraron a operar”. 

Otro paramilitar mencionó también a gremios enteros del agro relacionados con el paramilitarismo y el despojo de tierras: “Los palmicultores casi que replican el tema de las fincas bananeras. Digamos que toman ese mismo modelo, que es el desplazamiento de los pequeños propietarios de tierras para así lograr la expansión de esas fincas. Eso solo se lograba bajo una presión violenta. Entonces, los grupos de autodefensas han sido un instrumento armado de la clase empresarial en Colombia”. 

¿Y, por qué persiste el paramilitarismo? 

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, son múltiples los factores que muestran que el paramilitarismo en Colombia no es un fenómeno del pasado, sino que está presente de nuevas maneras, entre ellos: 

-El negacionismo de su relación con las Fuerzas Armadas y todo el entramado de alianzas con sectores políticos y económicos en Colombia. 

-La falta de garantías por parte de instituciones y organismos de control del Estado como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía que, por distintos motivos, no garantizaron un control, ya fuera porque estaban controladas o infiltradas, porque no tenían los medios para hacer efectivas sus responsabilidades o sus denuncias; o porque fueron blanco de amenazas o porque sus denuncias no fueron tomadas en cuenta.

-Los procesos de desarme de los grupos paramilitares, como el de las AUC, pese a todos sus alcances, no han significado el desmonte de las alianzas dentro las que operaban las distintas estructuras armadas. 

-El paramilitarismo ha sido impulsado por medio de la legitimación social y política que ha tenido por parte de distintos sectores, movidos por beneficios directos o indirectos de la acción paramilitar, desde la protección frente a las acciones guerrilleras, hasta la conservación de privilegios económicos y políticos. 

-Parte de los poderes políticos y económicos que se formaron bajo el orden paramilitar han continuado vigentes o fueron heredados por nuevos actores cercanos. 

-Las economías ligadas al narcotráfico siguen siendo un motor central para los grupos armados posdesmovilización de las AUC. Los incentivos para participar en este negocio siguen siendo extremadamente altos, debido a las ganancias que produce, a los capitales y sectores involucrados y al nivel de enraizamiento que tiene en la vida cotidiana de muchos territorios, que a su vez son los territorios con amplia presencia de actores armados. 

-Las décadas de guerra y terror han llevado a la banalización de la violencia y a su instalación en múltiples esferas de la vida cotidiana, en las que el paramilitarismo se ha convertido en un referente de “autoridad” y de control en ciertas regiones. 

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