EE.UU – Colombia: encuentros y desencuentros de una nueva agenda bilateral

Con una nueva avanzada de tres dignatarios de alto rango, Estados Unidos busca de nuevo esta semana estrechar las relaciones con el gobierno del presidente de Gustavo Petro.

¿Quiénes son y a qué vienen?

En la capital colombiana se encuentran Todd D. Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley; Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca; y Peter Natiello, administrador adjunto sénior de la Agencia de Estados Unidas para el Desarrollo Internacional (Usaid).

El objetivo es discutir el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz, “incluyendo la protección del medio ambiente, la seguridad, el desarrollo rural, los derechos humanos, la lucha contra las drogas y la delincuencia transnacional”, según un comunicado de la embajada estadounidense.

La comitiva retoma la agenda esbozada hace apenas dos semanas con la comisión especial enviada por Joe Biden a la posesión presidencial, la cual fue liderada por Samantha Power, administradora de Usaid.

Con Power vinieron Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; Desirée Cormier, representante especial para la equidad y la justicia racial en el Departamento de Estado; el congresista demócrata Gregory Meeks, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes; y Juan González, asesor especial de Biden y director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental.

Petro: la guerra contra las drogas ha fracasado

Al asumir la Presidencia, Petro argumentó que la paz de Colombia está condicionada, entre otros factores, a un cambio en la política contra las drogas liderada por Estados Unidos.

El cambio, dijo, pasa por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas y la adopción de una Convención Internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado.

Según Petro, la guerra contra las drogas ha dejado en Latinoamérica un millón de asesinados durante cuarenta años y, en Estados Unidos, setecientas mil muertes por sobredosis cada año. Además, la guerra contra las drogas ha fortalecido a las mafias, ha evaporado el horizonte de la democracia y ha llevado a los Estados Unidos a cometer crímenes.

Escucha aquí el episodio del podcast 'El mundo en rayos X': Colombia: la diplomacia hacia la paz

Power: las “diferencias entendibles”

Power tomó con calma el argumento de Petro. En una conferencia de prensa recordó las coincidencias históricas entre las agendas de Washington y Bogotá y comentó que coincidió con Petro en que Colombia y Estados Unidos pueden tener ocasionalmente “diferencias entendibles”.

Power consideró que como “cada Administración, independientemente del país del que se esté hablando, llega con sus propias ideas sobre los cambios que le gustaría hacer y las políticas que le gustaría mantener”, será necesario continuar conversando y trabajando sobre el abordaje de las diferencias, a partir de ideas concretas, cronogramas y resultados y la necesidad de compartir prioridades, colaborar estrechamente y preservar la asociación histórica entre los dos países.

El “abrazo” a Petro

Cinthya Arnson, analista del Woodrow Wilson Center, declaró en Radio Nacional de Colombia que no recuerda otro momento, después de las conflictivas relaciones con la Administración de Ernesto Samper (1994-1998), en el que Washington haya estado tan interesado en “abrazar” a un nuevo presidente, como a Gustavo Petro.

A su juicio, ese interés representa buena voluntad para trabajar mano a mano y hombro a hombro con el objetivo de no perder las relaciones estratégicas de los últimos 20 años. Al mismo tiempo, el interés refleja “cierto nerviosismo” por algunos de los planteamientos de Petro durante la campaña presidencial.

Para Arnson, Estados Unidos reconoce el cambio que representa la elección, por primera vez, de un presidente de izquierda y envía señales de que no tiene nada en contra y, por tanto, que busca con la máxima buena fe un trabajo conjunto no exento de dificultades y tensiones.

Del “Plan Colombia” a “Paz Colombia”

A juicio de Arnson, el hecho de que la revisión de la agenda bilateral haya comenzado con una delegación de alto nivel, liderada por Samantha Power, Administradora de Usaid, tiene valor político y simbólico porque la agencia y ella reconocen la urgencia de acelerar la implementación del Acuerdo de Paz.

Durante la Administración del presidente Barack Obama, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, propuso la transición del Plan Colombia hacia Paz Colombia.

Desde 2016, Usaid ha apoyado con decenas de millones la implementación del Acuerdo de Paz mediante proyectos de desarrollo rural, opciones económicas para comunidades campesinas cultivadoras de hoja de coca, empoderamiento de comunidades indígenas y afrocolombianas, protección a defensores de derechos humanos y líderes sociales y recuperación de ecosistemas estratégicos en zonas de conflicto armado.

El perfil de Samantha Power puede ayudar a consolidar la estrategia que busca Petro. En Estados Unidos y en el exterior es reconocida por sus textos y libros sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario y conflictos armados, y tiene peso en la formulación de la política exterior de Washington.

La izquierda democrática no es el riesgo

La llegada al poder de un gobernante de izquierda como Petro no es una preocupación central para Washington, anota Arnson. El foco está en el deterioro creciente de la democracia en América Latina, ligado a reveses económicos descomunales, agravados por el impacto de la pandemia, pero preexistentes a ella.

En los estallidos sociales que hubo en la región –incluidos los de Colombia en 2019, 2020 y 2021– la gente protestaba por el hambre, la desigualdad, el desempleo y el derecho efectivo a la salud, la educación y a un régimen de protección social seguro y estable.

Estados Unidos y muchos de sus aliados distinguen entre la izquierda que llega al poder y gobierna democráticamente y la izquierda autoritaria de Nicaragua, Cuba y Venezuela que desconoce la alternancia en el poder mediante elecciones libres, la libertad de expresión, el derecho a la información y las garantías a defensores de derechos humanos y a la oposición política.

Te puede interesar: Colombia: una Cancillería para la política exterior y la paz

La revisión del TLC

Para nadie es un secreto que de tiempo atrás Gustavo Petro ha considerado renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. Independientemente de que sus críticas sean válidas o no, la Administración de Joe Biden no ha cerrado la puerta y está dispuesta a identificar los puntos de convergencia y los desacuerdos.

Pero, advierte Arnson, hay que tener cuidado porque Estados Unidos podría llegar a ese tipo de negociación con sus demandas y Colombia con las suyas. ¿Se podría reabrir, por ejemplo, solo la discusión sobre el impacto del TLC en el sector agrícola de Colombia?

A propósito de recientes declaraciones del nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sobre la posibilidad de establecer algunos aranceles a las importaciones agrícolas estadounidenses, Arnson se pregunta si Estados Unidos no impondría a su vez aranceles, por ejemplo, a las exportaciones colombianas de flores o de café.

El reto, insiste Arnson, es en mantener las relaciones en un nivel de confianza y cooperación como el que se ha mantenido durante las últimas dos décadas, incluidos los cuatro años de la Administración del presidente Iván Duque, durante la cual fueron “excelentes”, no obstante el tardío encuentro personal con Biden en la Casa Blanca, en marzo de 2022.

Seguridad y desarrollo rural

Es posible que en la agenda se incorporen algunos temas distintos a la lucha frontal contra las drogas, la fumigación de cultivos para uso ilícito y la cooperación policial y judicial para confrontar a los carteles de narcotraficantes. Serían temas que consulten más el interés nacional de Colombia; por ejemplo, el desarrollo rural bloqueado por actores muy violentos.

La política de seguridad para el mundo rural debe responder no solo a la confrontación del Estado con el Eln, las disidencias de las Farc y organizaciones asociadas a economías ilegales (minería, explotación forestal, tráfico de personas) sino también a los enfrentamientos armados entre grupos criminales.

Podrían ocurrir fricciones entre Estados Unidos y Colombia si no se perfila pronto una estrategia clara y coherente de seguridad y desarrollo para el mundo rural, puesto que de ella depende también el éxito o fracaso de la estrategia contra las drogas.

Mira aquí la entrevista completa con la Cynthia J. Arnson, miembro distinguida del Centro Internacional Woodrow Wilson for Scholars.