Contraloría acusa a exfuncionarios del gobierno Duque de corrupción con fondos para la pandemia
La Contraloría General de la República impuso una sanción fiscal por $2.517 millones contra exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por irregularidades cometidas durante la adquisición y entrega de ayudas humanitarias en la pandemia del COVID-19.
La decisión, proferida por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, declaró responsables fiscales al entonces director general de la UNGRD y a tres subdirectores para el Manejo de Desastres de la entidad, por culpa grave en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control.
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Sobrecostos y entregas incompletas
La investigación estableció dos tipos de irregularidades que generaron daño patrimonial al Estado. En primer lugar, se documentaron sobrecostos injustificados en la contratación de kits humanitarios, que fueron adquiridos a precios superiores a los del mercado.
Adicionalmente, se comprobó que varios proveedores entregaron productos en menor cantidad, peso o volumen al pactado contractualmente, lo que afectó directamente a las familias beneficiarias de estas ayudas durante la emergencia sanitaria.
Según el ente de control, estas irregularidades vulneraron el principio de eficiencia del gasto público y desvirtuaron la finalidad social de los contratos, que buscaban brindar apoyo a la población más vulnerable durante la crisis.
Fallas en supervisión y control
La Contraloría también identificó graves deficiencias en la supervisión técnica y contractual por parte de la UNGRD. La entidad no implementó controles adecuados ni mecanismos de verificación de calidad que permitieran detectar oportunamente las irregularidades.
La ausencia de estos controles facilitó que se ejecutaran entregas incompletas sin que se adoptaran las medidas correctivas correspondientes, lo que evidenció una gestión deficiente de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia.
Responsabilidad de exfuncionarios
El fallo estableció que los exfuncionarios sancionados incumplieron sus deberes de vigilancia y control, permitiendo irregularidades contractuales que derivaron en sobrecostos y entregas incompletas. Esta conducta afectó los principios de legalidad, eficiencia y transparencia que deben regir la gestión de recursos públicos.
La decisión de la Contraloría busca el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado y constituye un precedente en la lucha contra la corrupción en la gestión de crisis, particularmente en momentos donde la población más vulnerable requiere atención prioritaria.
Los sancionados deberán responder patrimonialmente por el monto establecido, como parte del proceso de reparación del daño fiscal identificado durante la investigación.
