Durante una audiencia pública en la Comisión Cuarta del Senado, el Gobierno nacional defendió con firmeza la necesidad de aprobar la llamada “reforma laboral 2.0”, destacando sus efectos positivos sobre el ingreso de los trabajadores y la productividad nacional.
Esta nueva versión del proyecto, que busca reponer derechos eliminados en 2002 con la Ley 789, entrará desde este martes en fase de concertación formal entre Gobierno, empresarios y trabajadores a través de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
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El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que la reforma no solo pretende mejorar las condiciones laborales sino también incrementar la productividad en sectores clave de la economía: “El Ministerio del Trabajo diseñó un modelo económico que cuantifica el posible impacto del aumento de ingreso de los trabajadores por el cambio de jornada laboral y el pago justo de horas extras”.
Sanguino también desmintió la existencia de un estudio oficial del Banco de la República que calcule pérdidas masivas de empleo por efecto de la reforma: “Se ha acudido al mito de un supuesto estudio del Banco de la República que habla de pérdidas de 600 mil empleos, pero en realidad se trata de un documento elaborado por consultores y no por el propio banco. Además, se refiere a impactos de reformas tributarias entre 2012 y 2023, no a esta reforma laboral”.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que las reformas sociales del Gobierno han sido sistemáticamente bloqueadas en el Congreso.
Recordó que en la Comisión Séptima del Senado se archivó el proyecto anterior mediante maniobras políticas que impidieron siquiera su debate. “Lo que nosotros sentimos como Gobierno es que hay un bloqueo constitucional. Por eso llevamos el tema a consulta popular, y aún así la apelación fue ignorada durante más de diez semanas”, afirmó.
Benedetti reiteró que esta reforma busca restituir derechos fundamentales. “Queremos que después de ocho horas se paguen las horas extras y que se reconozca el 100% del recargo dominical, tal como está establecido en convenios internacionales. No buscamos retrocesos, sino avanzar en condiciones justas para los trabajadores”, concluyó.
Finalmente, el Gobierno señaló que espera que, con la apertura de la mesa tripartita, se logren acuerdos que permitan el avance legislativo antes del cierre del actual periodo legislativo.