Procuraduría advierte bajo cumplimiento del Acuerdo de Paz 

Ante el Congreso, la Procuraduría General radicó el Tercer Informe sobre la Implementación del Acuerdo de Paz, alertando que hay un bajo cumplimiento en los puntos de Reforma Rural Integral, participación política, garantías de seguridad, en el Capítulo Étnico, entre otros.
 
Sobre la Reforma Rural Integral el Ministerio Público encontró que aún no se estaría garantizando el acceso a la tierra, ya que, de las más de un millón de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras, el 71% se concentran solo en 15 de los 32 municipios del país, y en las regiones más afectadas por el conflicto armado hay la menor disponibilidad de tierra.
 
"Si bien ya se cumplió con el proceso de formalización del 99.6 % de las hectáreas de tierra previstas por entregar, tan solo el 0.4% han sido adjudicadas, (...) Se deben entregar tres millones de hectáreas y siete millones para formalizar", indicó.
 
En cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), si bien ya existen 7.282 iniciativas de un total de 32.808 aún no cuentan con un sistema de información público que evidencie los avances, sus resultados y la financiación.
 
Respecto a la participación política, se ha avanzado en el 32% de los compromisos, "debido a la ausencia de reformas normativas como proyectos de ley para las garantías y promoción de la participación de organizaciones, movimientos, protesta social, entre otros", señaló el informe.
 
La Procuraduría reiteró que desde 2016 hasta junio de 2021, han sido víctimas de homicidio 500 líderes, defensores de derechos humanos, y según la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a junio de 2021 se han registrado 278 homicidios contra personas en proceso de reincorporación.
 
"En materia de reincorporación el ente de control resaltó avances en la compra de nueve predios para la consolidación de siete Antiguos Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (AETCR), preocupa que estos no hayan sido titulados para proyectos de vivienda. Los reincorporados tampoco cuentan con rutas de acceso a tierras que les permita realizar proyectos agrícolas o agropecuarios", alertó.
 
En lo que concerniente a la solución del problema de drogas ilícitas, la Procuraduría alertó que 3.600 familias fueron suspendidas y 10.248 excluidas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, sin explicar porque se dio la suspensión.
 
Además, se advirtió que solo el 4 % de las medidas de reparación integral a víctimas ha finalizado su proceso y resaltó la preocupación sobre la baja asignación de presupuesto para el cumplimiento del acuerdo.
 
Por último, el informe de la Procuraduría indicó que los mayores atrasos en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo están en el Capítulo Étnico, 19.67 %, pues "las comunidades siguen padeciendo condiciones de injusticia y afectaciones por el impacto desproporcionado del conflicto armado interno y la violencia a mano de todos los actores".