El Gobierno presentó el Conpes 4180, una política con inversión de $10,1 billones para impulsar soluciones duraderas a víctimas de desplazamiento forzado, con 66 acciones orientadas a garantizar derechos y promover estabilización socioeconómica.
La entidad advirtió sobre la posible entrega de bases de datos a abogados que impulsaron demandas sin cumplir los requisitos legales, una estrategia que habría sido amplificada por medios masivos y que presuntamente facilitó la captación de docentes.
