La decisión implica que quienes quieran usar marihuana con fines recreativos pueden solicitar un permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Por no justificar más de $5 mil millones, le fueron imputados los delitos de lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.