La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), brigadier general Norberto Mujica Jaime, por presuntas irregularidades en el procedimiento de traslado de internos durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Luego de los amotinamiento ocurridos entre el 21 y 22 de marzo, el Inpec con autorización de la directora de la regional central, Imelda López y el director de la prisión, Miguel Ángel Rodríguez, realizó el traslados de reclusos desde el centro penitenciario de Villavicencio a las cárceles de Picaleña (Ibagué), La Picota (Bogotá), Las Heliconias (Florencia), Yopal (Casanare) y Guaduas (Cundinamarca).
“El 22 de marzo se presentan unos amotinamientos y se hacen los traslados, pero aún no se conocía la situación en Villavicencio. Se hacen tres traslados a La Picota y dos a Las Heliconias. Todo parece indicar que ese traslado lo hace una persona que posteriormente dió positivo”, explicó el general Norberto Mujica días después de que se conociera el primer paciente con Covid-19 relacionado con la cárcel de la capital del Meta.
Según El Espectador, en la resolución 648 del 30 de marzo de 2020, “por medio de la cual se traslada a un personal de internos”, el pasado 1° de abril, salió un bus con ocho reclusos desde Villavicencio, con la orden de ser llevados a diversas prisiones del país, cuando el Aislamiento Preventivo Obligatorio había sido decretado desde el 25 marzo.
El caso que encendió las alarmas hacia el 11 de abril, fue un interno de la cárcel de Villavicencio de 63 años, que falleció 6 días después de haber recuperado su libertad, y que dio positivo para Covid-19 luego de realizarle las pruebas correspondientes.
Por esta razón, se trata de esclarecer si hubo o no un procedimiento irregular, ya que luego de esos traslados, se empezaron a confirmar casos positivos en algunos de esos centros penitenciarios. Hasta el momento se han registrado 213 contagios confirmados y tres muertes en las cárceles del país, que incluyen tanto personas privadas de la libertad como funcionarios del Inpec.
Esperan determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias denunciadas por la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la República, sobre la presunta omisión del director en su deber de proteger los derechos a la salud y a la vida de las personas privadas de la libertad.
La entidad indicó que el investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre. Si el Ministerio Público encuentra mérito, podría llamar a juicio disciplinario al general a través de un pliego de cargos. De encontrarlo culpable en esa instancia, se podría ver enfrentado a sanciones, un relevo temporal o hasta la suspensión total del cargo.