Por: Humberto Carrillo. Radio Nacional Cesar.
Acerca de esta circunstancia histórica, el investigador y docente de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, atribuye a intereses económicos la presencia de agrupaciones armadas distintas a las Farc en las zonas donde hoy sus habitantes deberían tener total libertad para votar.
“La presencia de esos actores armados coincide con las rentas ilícitas en esos territorios, sea minería ilegal de oro o siembra y procesamiento de coca, es decir, lo que tienen los actores armados es unos intereses en el territorio y a ellos les sirve o van a promover candidaturas que van a mantener el statu quo, ellos no van a promover candidatos que busquen llevar legalidad a los territorios o que ofrezcan mano dura contra ellos, o la recuperación del territorio por parte del Estado”.
Señala el especialista que si el Estado no copaba rápidamente esos territorios dejados por las Farc con una oferta institucional en salud, educación, era cuestión de tiempo para que otros actores armados llegaran a ocupar y administrar esas rentas ilegales, que por lo general corresponden a zonas de municipios de sexta categoría con necesidades insatisfechas y donde la ilegalidad genera empleos, legitimando esa práctica.
Sobre el rechazo que han tenido candidatos del partido Farc en algunos lugares, Trejos considera que es normal que no hayan sido bien recibidos en algunas zonas.
“La guerra duró 53 años con las Farc y hay unas heridas que aún están abiertas, a eso hay que darle tiempo. Aquí el tema del perdón y la reconciliación hay que verlo en clave generacional, es de largo aliento. Es posible que sean los nietos de los desmovilizados y de quienes se les oponen, los que se reconcilien. La guerra está muy reciente y es muy difícil para muchas personas pasar la página”.
Así mismo califica como una señal de madurez democrática lo que ha pasado en algunos sitios, “porque llegaron con una oferta política, los sacaron, pero no va a haber retaliación contra la población, cosa que si hubiera pasado hace diez años con ellos llegando armados, la gente no hubiera tenido oportunidad de oponerse como puede hacerlo ahora en democracia y hubiera existido retaliaciones”.
“Las Farc saben que hay territorios donde ellos victimizaron a la gente y que van a tener que esperar que pase el tiempo para que se decanten esas emociones que están aún muy vivas y puedan llegar con su oferta política, no tanto en estas elecciones, sino más bien en las locales o dentro de cuatro años en las elecciones al Congreso, cuando sea posible que esos territorios estén mucho más abiertos a su oferta democrática”, enfatiza el analista Luis Fernando Trejos.

Hacia unas elecciones seguras
La semana pasada el vicepresidente Óscar Naranjo tras un comité de seguridad en Valledupar, aseguró que el Gobierno nacional ha puesto en marcha una estrategia sobre tres ejes: elecciones seguras, elecciones transparentes y elecciones con la mayor participación.
“Nos hemos ocupado de hacer una revisión del Plan Democracia con participación de las Fuerzas Militares y la Policía, nos hemos ocupado con la Comisión de Garantías Electorales de dar certeza de que la Unidad de Reacción Inmediata Electoral, URIEL, atenderá de manera inmediata las denuncias sobre cualquier manipulación o intento de fraude”.
Así mismo reiteró el llamado a los ciudadanos para que voten.
“Esta es la primera elección en los últimos 53 años sin conflicto armado con las Farc y por lo tanto es una elección que tiene que estar llamada a ser muy segura y pacífica y una elección con la mayor participación política posible”, expresó Naranjo.
Los riesgos electorales
Meses atrás, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre la posible presencia de la guerrilla de ELN y EPL y antiguos paramilitares que tienen en riesgo electoral a ocho municipios del Cesar: Aguachica, Codazzi, Curumaní, González, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Pailitas y Río de Oro.
Sin embargo, los candidatos han coincidido en afirmar que han podido realizar sus recorridos sin mayores obstáculos.
Según el informe de la Defensoría, en Aguachica y La Gloria aparece con injerencia el Eln, que en su último paro armado, entre el 10 y 13 de febrero pasados, protagonizó una escalada de atentados en el sur del Cesar.
En Curumaní, González y Río de Oro, además del ELN, aparece como factor de riesgo el EPL, mientras que en Pailitas, no solo figuran esas dos agrupaciones subversivas sino disidencias o estructuras armadas posdemovilización, también con alguna presencia en Codazzi y La Jagua de Ibirico.
Se indica que los grupos armados ilegales que más riesgo causan son el ELN, las Autodefensas Gaitanistas, disidencias de las Farc, otros grupos pos desmovilización y el EPL. Las conductas que más vulneran a la población son amenazas contra personas o movimientos políticos, constreñimiento al sufragante, perturbación del certamen democrático y restricciones a la movilidad.
“Ningún grupo armado ilegal, a la fecha, ha manifestado públicamente querer atentar contra el certamen electoral, no obstante, su simple presencia, así como las acciones desplegadas recientemente, pueden afectar la libertad de los electores y de los candidatos en este proceso democrático”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.
Mientras tanto, en “Mapas y factores de Riesgo Electoral- Elecciones Congreso y Presidente 2018” publicado por la Misión de Observación Electoral, el departamento del Cesar tiene 10 municipios que presentan riesgos por violencia, dos municipios por riesgo indicativo de fraude en Senado y uno en Cámara.
El municipio en donde coinciden factores indicativos de fraude electoral y factores de violencia es González con riesgo medio.
Los municipios que presentan riesgos por violencia, con un índice de riesgo extremo son Valledupar y Pailitas. En cuatro municipios se presenta un riesgo alto: Aguachica, El Paso, La Gloria y Río de Oro. Además 4 municipios tienen un riesgo medio: Agustín Codazzi, El Copey, González y Pelaya.
El informe indica que para las elecciones de Cámara de Representantes el municipio de San Martín se encuentra en riesgo medio por factores indicativos de fraude electoral.
Para Senado el panorama de riesgos electorales se destaca a La Jagua de Ibirico en un riesgo alto por factores de fraude electoral. González es el municipio que presenta un riesgo medio.
De acuerdo a Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la MOE, “los riesgos electorales pasaron de ser corredores que atravesaban importantes zonas del país a ser regiones específicas en las que se concentran economías ilegales y diferentes actores armados”.
¿Habrá algún día madurez democrática?
Como afirmara el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, “la principal preocupación y motivación es que los electores puedan acudir a esta cita con la democracia de forma libre, espontánea y pacífica” y que los ciudadanos que aspiran legítimamente a ocupar cargos públicos, lo hagan sin que su derecho a la vida e integridad personal se vean afectados.