Tras conocerse las declaraciones de Fiscalía en las que afirma que no existieron desaparecidos durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985; sino que se presentó una mala identificación de los cuerpos calcinados y los restos humanos, el abogado Germán Romero, representante de los familiares de los desaparecidos de esta operación calificó de vergonzoso este anuncio.
“No existe una sola prueba que refute los testimonios de integrantes del Ejército Nacional que dan cuenta de los horrores y desapariciones cometidos por el B-2 del Ejército dentro de las instalaciones de la Casa del Florero y el Cantón Norte (…) No hay pruebas que refuten la desaparición de Irma Franco y su presencia con vida dentro de la Casa del Florero”, explicó.
Añadió Romero que tampoco existen pruebas que refuten la desaparición del administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, de quien existen dos videos en los que sale con vida del Palacio de Justicia o las torturas contra los estudiantes de Derecho, Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, quienes fueron acusados de participar en la toma al Palacio.
Para Romero, al querer omitir todas estas pruebas, que demuestran la tortura y desaparición durante la toma y la retoma del Palacio, la Fiscalía General intenta salvar de algún tipo de responsabilidad al Estado.
“Es una forma de la Fiscalía General de llegar a la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el próximo 6 de septiembre a manifestar que hay una equivocación. Es una estrategia de defensa basada en el desprestigio de años y años de trabajo de los involucrados en este caso que han demostrado las desapariciones”, concluyó.
Sin embargo, el Fiscal Jorge Sarmiento, investigador del caso del Palacio de Justicia, aclaró que desde el ente acusador no se ha afirmado nunca que no hubo desaparecidos en este caso.
“Cuando hablamos de que no había desaparición, nos estábamos refiriendo a los seis cuerpos que ya hemos encontrado y regresado a sus familias, no podemos hacer una generalización en los once casos y esperamos continuar con las investigaciones de las cinco personas restantes”, afirmó.
Cabe recordar que, por este caso, ya existen varias condenas en contra de militares como el general (r) Jesús Arias Cabrales y el coronel (r) Edilberto Sánchez por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada.