Así se realiza la erradicación de cultivos ilícitos con drones
Por: Carolina Bustamante
La última apuesta del Gobierno saliente para la erradicación de cultivos ilícitos, que según la Oficina Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, para el año 2017 se incrementó un 11% llegando a las 209 mil hectáreas, será utilizar ‘drones’ o naves no tripuladas de aspersión con glifosato.
Cómo funcionan
Según el director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, general Fabián Cárdenas Laurence, los drones tienen una capacidad para transportar hasta 10 litros de químico que dura 17 minutos por hectárea, con lo que se eliminarían hasta 3 hectáreas por hora.
El oficial añade que estos dispositivos cuentan con dos baterías y aspersores para delimitar la zona de erradicación.
“Estarían a 50 centímetros sobre el nivel de la planta, dejando las márgenes adecuadas entre fuentes hídricas o cultivos de pancoger para no hacerles daño”, aclara.
Costo – beneficio
El valor de un dron oscila entre los 10 mil y 15 mil dólares. Es decir, unos 35 millones de pesos, valor que varía anualmente entre 3 y 5 millones de pesos más.
A la fecha, el Gobierno Nacional ha iniciado el plan de erradicación con 10 drones, de los cuales dos están pagos, los demás hacen parte de un plan piloto que de funcionar requerirá del inicio de un proceso de licitación que permita escoger la mejor empresa para comprar.
Hasta el momento la única, a la que se ha requerido para la obtención de drones se llama ‘Fumidron’ con sede central en Paraguay y con representación legal en Colombia.
Germán Huertas, gerente de la empresa contratista, señaló que al ser la primera vez que estos drones son utilizados para este fin existe un contrato hasta el 10 de diciembre de este año como prueba piloto. El plan inicia en Tumaco, la zona con mayor concentración de cultivos ilícitos en el mundo.
“Por el tamaño reducido y la capacidad de volar a baja altura, se cumple con los establecido por la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales (ANLA) en temas de licencias para la protección del medio ambiente”, enfatiza Huertas.
El Gobierno tiene unas metas de erradicación para finalizar el 2018 que corresponden a 55 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Con drones se erradicarían a diciembre de este año alrededor de 1.728 hectáreas a un costo de 600.000 pesos por hectárea, es decir, un total de $1.036’.000.800 (mil millones treinta y seis mil ochocientos pesos).
A esta solución del Gobierno Nacional, se le ha sumado un apoyo adicional con ‘orugas’, pequeños vehículos tripulados por dos personas con brazos aspersores de glifosato, que a bajo nivel eliminan plantaciones de hoja de coca.
Todo este nuevo planteamiento de erradicación ha generado rechazo de comunidades campesinas y cocaleras que argumentan daños ambientales y a la salud humana. En su defensa, el abogado constitucionalista, Oscar Castiblanco, ha señalado las disposiciones de la Corte Constitucional en la materia, pues el alto tribunal ha dicho:
“Erradicación de cultivos ilícitos: genera un impacto grave e irreversible sobre el medio ambiente y la salud humana derivados de aplicación de glifosato”.
“Principio de precaución: aplicación para proteger la salud humana según instrumentos internacionales y normas y jurisprudencia nacional”.
Lo anterior ha sido defendido por el Gobierno Nacional al señalar que no es aspersión aérea el uso de drones, y que se han tenido en cuenta todas las disposiciones, razón por la que el Consejo Nacional de Estupefacientes avaló el uso de esta iniciativa para luchar contra el narcotráfico.
El rechazo que se ha generado de algunas comunidades ante el uso de estas naves no tripuladas proviene de dos factores, según el director de Antinarcóticos de la Policía Nacional:
En primer lugar, desconocimiento sobre el uso, aplicación de glifosato y medidas preventivas por parte de la autoridad que lo utiliza. De otra parte, organizaciones cocaleras que se niegan a erradicar o que están siendo cooptadas por grupos narcotraficantes para mantener plantaciones de hoja de coca ilegales.
Continuará la aspersión terrestre, la erradicación manual, el uso de herramientas para eliminar plantaciones y los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, para los que, entre otras, existe un compromiso de acelerar su implementación.
Pese a los costos, tiempo, necesidad de adquisición de drones y orugas para este fin, el Gobierno saliente ha dejado 36 mil millones de pesos listos para este plan de erradicación que inicia con 10 drones teledirigidos.
Además, un convenio de 5 años más de apoyo de Estados Unidos a Colombia, en la lucha contra el narcotráfico, en busca de contrarrestar las 209 mil hectáreas de cultivos ilícitos que hay en el país.
