Asentamiento humanitario en el Catatumbo exige el retiro de base militar
Luego del desplazamiento masivo de 93 personas en las veredas de Monte Tarra e Islitas del corregimiento San José del Tarra del municipio de Hacarí, Norte de Santander, ocurrido el pasado 2 de febrero, las comunidades campesinas instalaron un asentamiento humanitario de más de mil personas en la zona, con la intención de solidarizarse con las familias desplazadas que no puede retornar a su lugar de origen en condiciones de seguridad.
El personero del municipio de Hacarí, Robeiro Muñoz, explicó en Señal de la Mañana de Radio Nacional de Colombia, que estos desplazamientos se han presentado por alteraciones en el orden público y por los incesantes ataques a una base militar, ubicada en una zona en la que converge un gran número de civiles.
“Las preocupaciones que tienen estas comunidades se debe a los constantes enfrentamientos y al uso de armas no convencionales por parte de la insurgencia en contra de esa Base Militar que está ubicada en medio de una población civil. Por eso, la comunidad exige de manera unificada y colectiva la reubicación y el retiro inmediato de esta Base Militar”, indicó Muñoz.
De acuerdo con el funcionario, la ubicación de bases militares cerca de núcleos donde se asienta la población civil genera la tensa situación de orden público.
“No se está pidiendo que se vayan del municipio, sino que sea ubicada en un lugar en donde no haya tanta población civil y que, por ende, no se vean los campesinos afectados en el marco de este conflicto armado que vive el país y que también vive la región del Catatumbo”, expresó el funcionario.
Las comunidades campesinas denuncian que las Tropas del batallón No. 7 adscritos a la Fuerza Especial de Despliegue Rápido (FUDRA III) del Ejercito Nacional de Colombia, ha infringido el principio de distinción, en vista de los hostigamientos y ataques en contra de la población civil; el principio de precaución, debido a la afectación e invasión de los bienes privados; y el principio de proporcionalidad, considerando el desmedido accionar de la Fuerza Pública sin reconocer sus consecuencias.
“La invitación que se le hace a la Defensoría, ONU y Procuraduría es que lleguen al lugar, hagan el acompañamiento y verifiquen que no se estén vulnerando los derechos de esta población del territorio del Catatumbo”, dijo Muñoz.
El personero aseguró que las comunidades afectadas realizaron un pliego de exigencias de manera colectiva que le fue entregado al Ministerio de Defensa, la Administración Municipal, la Gobernación, la ONU Derechos Humanos y a la Defensoría del Pueblo. Allí se exige de manera directa el retiro de la Base Militar ubicada en Monte Tarra e Islitas.
“El día de ayer se tuvo una reunión en la que estuvieron presentes el coronel del Ejército, el secretario de Gobierno Departamental, el alcalde municipal, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Provincial, pero tras cinco horas de conversación no se logró un acuerdo, pues la Fuerza Pública manifiesta que no tiene autorización para correr esa Base Militar a otro punto, lo que genera que el asentamiento continúe y que posiblemente se puedan tomar vías de hecho por parte de las comunidades”, sostuvo Muñoz.
“En un principio, los 38 núcleos familiares llegaron al casco urbano de Hacarí. Allí la administración municipal les brindó alimentación, alojamiento y aseo. Actualmente, tenemos 15 núcleos familiares en un albergue para las víctimas. Sin embargo, otras familias no se desplazaron para el casco urbano, sino que se reubicaron en otros lugares de familiares y amigos en veredas cercanas”, señaló el funcionario.
Por otra parte, el representante del Ministerio Público comentó que no se puede desconocer los problemas de cultivos de uso ilícito que brota en la región del Catatumbo y que afecta a la población, pues muchos campesinos se han visto obligados a sembrar coca debido a la situación de marginalidad que sufre el sector rural.
“No es una mentira para nadie que en el Catatumbo y el municipio de Hacarí existen un alto número de cultivos de uso ilícito, lo que genera una preocupación generalizada por lo que viene anunciando el Gobierno de una erradicación mediante aspersión aérea con glifosato, y en donde no se está escuchando y concertando con los campesinos para que sea una sustitución transitoria y gradual, como se estipula en el Acuerdo de Paz”, declaró Muñoz.
Afirmó además que, a pesar de subsistir en medio de las adversidades, el campesino siempre se ha mantenido al margen de los enfrentamientos entre los distintos grupos armados que luchan por el control territorial en la zona, y agregó que el Frente 33 de las disidencias de las Farc, el Eln y el Epl son los tres grupos alzados en armas que hacen presencia en esta región del país.
