Se registra nuevo ataque de Estados Unidos en el Pacífico: dejo una persona fallecida
El Gobierno de Estados Unidos confirmó en la noche de este lunes la destrucción de una embarcación en aguas internacionales del océano Pacífico, en el marco de su despliegue militar regional. El Comando Sur difundió un video en el que se observa cómo la nave es impactada en repetidas ocasiones hasta quedar envuelta en llamas. Según la información oficial, el ataque ocurrió el 22 de diciembre y dejó una persona muerta.
De acuerdo con el Comando Sur, la acción fue ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. Las autoridades estadounidenses calificaron el ataque como una acción “cinética letal” realizada en alta mar, sin que se haya informado sobre intentos previos de interceptación, detención o verificación judicial de las personas que se encontraban a bordo de la embarcación.
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Expertos en derecho internacional y derechos humanos advierten que este tipo de operaciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al desarrollarse fuera de un conflicto armado declarado y sin una autorización expresa del Congreso de Estados Unidos ni mandato de organismos multilaterales. Normas como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establecen límites claros al uso de la fuerza en aguas internacionales, especialmente cuando está en juego el derecho a la vida.
¿Cuál es el balance de víctimas de esta estrategia?
Datos divulgados por las propias autoridades estadounidenses indican que desde el 2 de septiembre se han realizado 26 ataques en el Caribe y el Pacífico, con al menos 30 embarcaciones destruidas. Organizaciones y analistas señalan que estas acciones han dejado más de 100 personas muertas, sin que existan procesos judiciales previos, identificación pública de las víctimas ni investigaciones independientes que esclarezcan las circunstancias de cada caso.
La expansión de estas operaciones militares en aguas internacionales representa un desafío directo al orden jurídico global y al sistema de protección de derechos humanos. La ausencia de rendición de cuentas y de supervisión internacional alimenta preocupaciones sobre la normalización del uso de la fuerza letal como herramienta de política exterior, con posibles consecuencias para la soberanía, el multilateralismo y la vigencia del derecho internacional.