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¿Cuál es el panorama para la población LGBTI en Nariño?

El Nariño, la Política Pública en Diversidad Sexual y Género fue creada en 2015, mientras que en Pasto, todavía está en elaboración.

Por: Ingrid García

Según el Observatorio de Género de Nariño, dato Pasto. solo en 2016 el registro de violencias por orientaciones sexuales e identidades de género fue de 36 casos, es por eso que en el municipio se busca la formulación de políticas de promoción, protección y restablecimiento de los derechos de la población LGBTI.

Así mismo, autoridades y organizaciones trabajan en estrategias que permitan el desarrollo humano, económico, político y cultural, y a su vez, promuevan la inclusión en diferentes escenarios sociales.

El panorama en Pasto, si bien demuestra avances, aún no ha logrado consolidar una política concreta. Según la secretaria de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, Karol Castro, el municipio avanzó en la construcción de la Mesa de Participación LGBTI, conformada en el año 2017 por seis personas, quienes se encargan de acercar la institucionalidad con esta población y generar escenarios de reconocimiento.

Sin embargo, la funcionaria hizo énfasis en el poco número de participantes y afirma que aún existe temor entre esta población, de manifestar su condición por miedo a ser rechazados o excluidos, situación que se ve reflejada en la falta de asistencia a este tipo de iniciativas.

“Hemos querido avanzar con ejercicios en comunas y corregimientos, porque debemos garantizar una amplia participación de la población, pero no ha sido posible la asistencia. Pareciera que la población a veces se muestra apática ante este tipo de eventos de formación, o ante este tipo de acciones que contribuyen a reconocer las necesidades, y a que sean ellos y ellas quienes promuevan y proponga las acciones a plantearse en esa política pública, que por ende, los beneficiaría en gran manera”, puntualiza Castro.

Otro de los avances que ha logrado el municipio de Pasto, frente al reconocimiento de derechos, está relacionado con la implementación de la ruta de atención para población LGBTI, víctimas de violencias basada en género.

“No todas las dependencias de la administración municipal cuentan con una oferta específica para este sector poblacional. Por ello hemos generado un ejercicio de acercamiento con dependencias como salud, educación, cultura, desarrollo económico y bienestar social, para que conforme a las ofertas que tengan, se genere una ruta de inclusión especial para la población en mención”, asegura la funcionaria.

En Pasto y Nariño, no existe una caracterización específica que determine el número exacto de personas pertenecientes a la población LGBTI

Frente a las violaciones basadas en orientaciones sexuales e identidades de género, Liliana Paz Ortega, investigadora del Observatorio de Género Nodo Pasto, afirma que existe un subregistro de esta problemática, y creen que se debe a tres posibles factores:

1. Las entidades que reciben los casos de violencias en el sector judicial, de salud o comisarías de familias, no tiene los formatos precisos para registrar discriminadamente las orientaciones sexuales y las identidades de género.

2. Teniendo los formularios, los funcionarios no los diligencian.

3. Las personas víctimas, siendo población LGBTI, no se auto reconozcan por temor a ser discriminadas.

“En 2016 el registro de violencias por orientaciones sexuales, es decir, lesbianas, gays o bisexuales fue de 20 casos, y el total de registros de violencias por identidad de género, es decir, travestis, transformistas, transgénero o transexuales, fue de 16 casos”, señala la activista.

Liliana Paz afirma que la discriminación y la exclusión hacia personas LGBTI sigue siendo una problemática latente.

“Todavía no hay un entendimiento de que la orientación sexual es diversa y las identidades de género son algo que solamente le competen a la persona, pero que no interfieren en los demás campos de la vida”, indica.

Para Cristina González, lideresa de la población LGBTI en Nariño, todavía existen sectores que promueven el estigma y no entienden que la homosexualidad dejó de ser una enfermedad mental desde los años sesenta y un delito desde los años ochenta.

“Se necesita fortalecer el trabajo en las poblaciones rurales y municipios de sexta categoría, para que las personas LGBTI, tengan oportunidad de mejor atención, mayores políticas de equidad, mejor inversión social y mayores garantías de seguridad”, anota Cristina González.

En materia de justicia, frente a los delitos cometidos por esta población, también hay dificultad en el sistema los derechos, así lo reconoce Karol Castro, quien asegura, que no hay garantías para la población LGBTI ante las instancias de justicia.

Cristina González, representante de la comunidad LGBTI en Nariño. Foto: Ingrid García.

“Tenemos un número aproximado de 24 personas que hacen parte de esta población y ellos, en sí mismos vistos con su orientación sexual, no están incluidos en el pabellón de mujeres, para el caso de las personas transexuales, a ellas las tiene en el pabellón de hombres. Eso significa que no hay un reconocimiento de ciertas entidades frente a esa orientación sexual, y no hay una garantía de respeto y protección de sus derechos”, afirma la secretaria de las Mujeres, las Orientaciones Sexuales y las Identidades de Género de Pasto.

La funcionaria reconoció que la sociedad del sur del país aún vive bajo una mirada conservadora, en la que ha sido difícil generar espacios de reconocimiento y eso ha dificultado, en gran medida, que se abogue para que ellos y ellas puedan incidir en otras acciones.

“Vemos que es necesario que se amplíe el conocimiento sobre los derechos de esta población, pues hay que partir desde el punto específico que son seres humanos. Debemos seguir movilizándonos en esos talleres de sensibilización y promover escenarios de participación para esta población”, explica.

En Nariño tan solo hay 12 organizaciones y activistas independientes conformados

Nariño ha logrado avanzar a pasos lentos pero firmes. En el año 2015 mediante ordenanza 009 del 21 de mayo, fue creada la Política Pública en Diversidad Sexual y de Género, cuya visión a 2025 es ser un territorio donde se reconocerá y garantizará el goce efectivo de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersexuales.

Dicha normativa también establece cómo atender, prevenir y sancionar cualquier tipo de conducta, manifestación o ejercicio violento que ponga en riesgo la vida o la integridad de las personas con una orientación sexual o identidad de género diversa.

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