Campesinos de tierra y mar en pandemia
El 90% de la población rural y campesina de Colombia, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se dedica a labores de agricultura que, entre otras, debe garantizar soberanía alimentaria nacional, a través del abastecimiento en plazas de mercado de todo el todo el territorio, generar empleo, desarrollo industrial y expansión de mercados campesinos pero ¿Cuál de estos factores se está cumpliendo en Colombia? Y ¿Cuáles han sido las consecuencias del Covid- 19 para el campesinado?
Radio Nacional de Colombia, por medio de la investigación “Campesinos de tierra y mar en pandemia” hizo un recorrido por Boyacá, Putumayo y el Golfo de Morrosquillo (ubicado entre los departamentos de Córdoba y Sucre), para evidenciar la crisis que ha generado para el sector agrario, ganadero y pesquero la pandemia por Covid-19: consecuencias para la estabilidad económica, la seguridad regional, así como la producción y comercialización de alimentos.
El recorrido inicia en el departamento de Boyacá, ubicado al centro- este del país y el cual es reconocido como la despensa agrícola de Colombia, según el Sistema de Información de Precios – Sipsa, organismo adscrito al DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el cual señala que más del 50% de su población es rural y se dedica a la agricultura y la ganadería.
Según los diversos testimonios de los labriegos y la Secretaría de Agricultura de Boyacá, las cuarentenas estrictas y restricciones de movilidad a nivel nacional, derivadas del Covid – 19, la importación de alimentos a menor costo, debido a Tratados de Libre Comercio- TLC, que compiten con productos nacionales, y los llamados intermediarios (personas que imponen el precio de compra y venta de productos agrícolas) ha generado una crisis social y económica en sus territorios.
Parte de las consecuencias son millones de pesos perdidos en cosechas que no se vendieron, familias agrícolas endeudadas, aumento en la desocupación o contratación a bajo costo, y deserción del campo por parte de cultivadores debido a la falta de solvencia económica para seguir sembrando, según testimonios de la gente en la zona, lo cual ha sido corroborado por la autoridad local.
Continúa entonces el recorrido hacia el departamento de Putumayo, región amazónica ubicada al suroeste del país, y la cual tiene una larga historia relacionada con el conflicto armado que derivó en la siembra de cultivos de uso ilícito en gran parte de su territorio, por parte de campesinos en busca de sustento u obligados tras la presencia de Grupos Armados Ilegales.
Sin embargo y gracias a la firma de Acuerdos de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, gran parte de su población se acogió a la sustitución de cultivos ilícitos por unos avalados por el Estado y la ley como legumbres, frutas, tubérculos entre otros.
La crisis allí según sus pobladores, radica en que el departamento no ha logrado superar la presencia constante de grupos ilegales que, durante la pandemia, han limitado la movilidad de los campesinos en territorio y represando cosechas que al final, se han perdido. Adicionalmente, los GAO´s imparten la ley en zonas donde no hay presencia de la Fuerza Pública y donde la incitación u obligación a la siembra ilícita es el diario vivir de su población. En Putumayo hoy convergen en un mismo espacio cultivos de alimentos con otros de hoja de coca.
Finalmente esta travesía llegó al Golfo de Morrosquillo, ubicado en la costa norte de Colombia, al sur del mar caribe. Allí se encuentra el 50% de las familias pesqueras tradicionales del país y quienes debido a la pandemia y sus restricciones, han perdido su principal fuente de ingreso: la venta de pescado a hoteles y restaurantes, esto debido a un turismo que se anuló y que con los meses, ha pasado tratado de volver pero no logra aun llegar a un punto estable.
Lo anterior se acompaña de factores climáticos que limitan y restringen la pesca; delimitaciones severas para pescadores artesanales de su área de pesca y que, según denuncian, los ubica en zonas donde el producto es escaso; importación masiva de pescado e industria que ha llegado al territorio afectando el medio ambiente y el ecosistema marino lo que aleja los peces.
Los pescadores argumentan que si bien hacen parte del sector agropecuario del país, durante la pandemia ha quedado en evidencia la necesidad de políticas de Estado que garanticen planes de trabajo permanente, en temporada baja para la pesca o en tiempos de contingencias como la que vive actualmente el país; igualmente, una delimitación de áreas de pesca fértil y mayor control frente a grandes industrias que estarían afectando el ecosistema marino.
A partir de esta radiografía regional se han generado planes de Gobierno para apoyar a familias campesinas y pescadores con una Ley de Compras Públicas que permita a los gobernantes locales adquirir productos de su región para la entrega de ayudas solidarias a población vulnerable. De igual forma, se firmó la Ley de Alivios Financieros para 200 mil campesinos en busca de reducir tasas de interés y endeudamiento.
Otras de las ayudas han estado encaminadas a otorgar rubros mensuales para población de escasos recursos, matrícula cero para universitarios, pero ha sido deber de los gobernantes locales generar estrategias nuevas que mitiguen las necesidades de su región y que permitan garantizar que los campesinos y pescadores del país puedan seguir pescando y cultivando el alimento de la nación. Lo anterior claro está, atado a la vacunación de la población para este año 2021.
