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Luchas de unas, derechos de otros. El caso de una acusación

Es cierto que la judicialización contra los periodistas se ha convertido en ocasiones en forma de presión y amedrentamiento, pero es injusto que los medios de comunicación, que son también un poder, se abroguen una especie de derecho absoluto e irrefutable

Por: Germán Rey. Defensor de los Oyentes

Septiembre 2020.

Nuevos temas y preocupaciones entran a formar parte de la vida de la sociedad. Y los medios públicos deben estar atentos a su ingreso, que a veces sucede entre turbulencias y desencuentros, hasta que van hallando el nuevo sitio en sus horizontes de comprensión. Uno de esos temas es el abuso sexual contra las mujeres, y en general contra cualquier persona. La sexualidad, que en el pasado estaba reducida a la privacidad, ha ido volviéndose también un tema de la agenda pública y el género, en una condición y un enfoque para considerar los diferentes problemas de la sociedad, sus integrantes y sus relaciones. Todo ello ha sido el resultado de luchas de muchas décadas y de los cambios que han experimentado las vidas de las mujeres en numerosos ámbitos. Sin embargo aún faltan logros y reivindicaciones muy importantes.

En días pasados, dos mujeres hicieron acusaciones de abuso sexual a partir de sus testimonios contra el escritor Alberto Salcedo Ramos, a través del Portal Las Igualadas que tiene sitio en el periódico El Espectador. El mismo día el artículo fue replicado por el periódico El País de Madrid y México.

El hecho, por supuesto es muy grave y este comentario no analiza el cumplimiento de lo que la Fundación para la Libertad de Prensa ha llamado textual y controvertiblemente “cumplimiento de los más altos estándares de rigurosidad periodística”, una aseveración que también está sujeta al estudio y la deliberación pública, mucho más después de haber leído el comunicado del escritor.

El suceso tiene además un factor relevante: Salcedo Ramos es contratista de la Radio Nacional. Por lo que la denuncia para este medio público debería ser tomada en cuenta, por lo menos por cuatro razones: la trascendencia del tema en términos sociales, su tratamiento por un medio público, la pertenencia del acusado a esta emisora como contratista y las explicaciones presentadas públicamente por el escritor.

En cuanto a lo primero, el sistema público de radio es claro cuando en su comunicado del 15 de septiembre de 2020 afirma que RTVC “promueve y defiende el respeto por todas las personas, sin excepción alguna por razones de género, raza, credos, etc., no solo desde la producción de sus contenidos, sino también desde la interacción de quienes trabajan y prestan sus servicios en la entidad”.

Este planteamiento es una afirmación de principio, que define lo que es una emisora de radio pública y que incide en su naturaleza, objetivos y razón de ser. Y agrega de paso otra variable interesante a la reflexión: los principios competen a los contenidos, pero también a la interacción humana dentro de la empresa. No es una afirmación rara. Buena parte de las empresas y organizaciones modernas lo advierten en sus misiones, visiones, códigos de comportamiento o manifiestos de responsabilidad social.

Pero no hay principios aislados. Dentro del consenso social y el ordenamiento jurídico, se deben respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Y ello por supuesto funciona en lo referido a la permanencia del contratista dentro de la entidad. Lo contrario sería una arbitrariedad. Más cuando las personas supuestamente afectadas recurren primero a un sitio web y a medios de comunicación, nacionales e internacionales y anuncian de inmediato, e incluso previamente,  su denuncia penal a la que tienen derecho.

Sé que cada una de estas afirmaciones tiene unas derivaciones polémicas. Hoy existe un candente debate mundial sobre los aciertos y las fallas de las redes sociales y las plataformas digitales cuando ventilan la intimidad, como cuando tratan temas públicos. Un investigador de la comunicación pública, Silvio Waisboard, director de la escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington, ha escrito recientemente que “el potencial de diálogo que fomentan las plataformas digitales no resulta necesariamente en una comunicación democrática”. Y el filósofo Alain Badiou, lo dice de manera aún más severa e irónica: las redes sociales además “que engordan a los multimillonarios más grandes del momento, son un lugar de propagación de la parálisis, bravuconería mental, rumores incontrolados y del descubrimiento de novedades antidiluvianas, cuando no de un fascinante oscurantismo”. Son dos briznas en el mar de las opiniones, golpeadas por las olas a favor y en contra.

Sin embargo no quisiera simplificar el tema asociándolo a su origen en la web que también ha permitido ventilar cuestiones que antes eran imposibles de ver en los medios tradicionales y que estaban condenadas desde siempre al olvido o a su conocimiento imposible.

Mi reflexión está cercana a la carta que hace unos pocos meses publicaron  150 intelectuales norteamericanos en Harpers y que de inmediato levantó la polvareda en la que se subraya que estos problemas que nos pasan y nos pasarán deben discutirse con las opiniones más diversas y libres, sin disfrazarlos con mimetismos inconvenientes y consignas “infalibles” sobre el periodismo.

Es cierto que la judicialización contra los periodistas se ha convertido en ocasiones en forma de presión y amedrentamiento, pero es injusto que los medios de comunicación, que son también un poder, se abroguen una especie de derecho absoluto e irrefutable (hace recordar a los reyes y a los papas), de señalar como censura la recurrencia al orden jurídico que han creado las sociedades, para proteger el respeto de los derechos de todos y todas, incluidos por supuestos los de los periodistas.

No me gustan los juicios anticipados en los medios, aunque entiendo perfectamente que hay temas invisibles y neurálgicos que no tienen otra forma de salir a la esfera de la atención pública sino a través de ellos. Pero precisamente por esta posibilidad su salida debe ser rigurosa, documentada y con la participación de las partes implicadas. No hay que olvidar que la verdad también tiene sus soberbias.

Creo que este caso y concretamente la intervención y decisiones de la Radio Nacional dejan muchas enseñanzas: el valor de los principios, la defensa de los asuntos que involucran a la dignidad humana, la necesidad de hacer agendas informativas en las que entren los temas y los actores y actrices invisibles, el respeto a las normas que la sociedad ha definido para resolver sus conflictos y garantizar la convivencia así dudemos de ellas, la defensa de las libertades civiles como fundamento de los medios públicos y el sentido de responsabilidad frente a nuestras actuaciones.

Todas esas lecciones y muchas más forman parte del capital más preciado y que debe ser más defendido de la radio pública de un país.