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Siete años del fallo de La Haya: la crisis de los pescadores de San Andrés

Habitantes de la isla aseguran que la decisión de la Corte Internacional, puso en riesgo su seguridad alimentaria.

Por: Carlos Barraza Escobar, Radio Nacional San Andrés

Hoy 19 de noviembre se conmemoran 7 años en los que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya promulgó un fallo que entregó 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial colombiano a Nicaragua, decisión que cambió la forma de vida de los habitantes de las islas de San Andrés y Providencia.

Desde aquel día del 2012 cuando Colombia perdió un 40 % de su mar jurisdiccional, la comunidad de San Andrés y Providencia ha exigido al Gobierno Nacional mayor atención con los problemas que se presentan en las islas. Las demandas son muchas; los isleños reclaman mejor atención en salud, calidad educativa, cobertura en servicios públicos, disminuir la sobrepoblación, escases de recursos pesqueros entre otras, son las denuncias que más se escuchan en las calles de las islas.

El fallo de la Haya le quito a Colombia 75 mil kilómetros de mar jurisdiccional cediéndoselos a Nicaragua, un espacio marítimo muy similar en kilómetros cuadrados a todo el territorio del departamento del Guainía.

Foto: Colprensa

La Corte de la Haya al otorgar parte del mar que los isleños utilizaban para realizar sus faenas de pesca, dejo a una población ancestral sin su mayor sustento económico, como lo asegura el pescador artesanal Manuel Cubillos de la Cooperativa de Pescadores Fisherman Place, quien indicó que un 90 % del recurso pesquero se ha perdido en los últimos años por no poder acceder a esas zonas de pesca.

Con el Fallo de la Corte Internacional de Justicia se confirmó la soberanía de las 3 islas mayores (San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y de 7 islas menores y cayos (Albuquerque, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Bolívar, Roncador y Quitasueño), que permitieron a los isleños mantener intacto su territorio, pero dejando de paso una problemática de seguridad alimentaria por la falta de acceso a productos pesqueros, que hasta ese momento eran abundantes en las áreas marítimas como Luna Verde y el Meridiano 82 otorgadas a la nación centroamericana.

A la deriva se sienten este 19 noviembre de 2019 los pescadores artesanales, raizales que han forjado su vida en el mar, se quedaron si su única forma de trabajo, muchos ya no salen a pescar así lo confirma Eugenio Hawkins pescador de la cooperativa Fisherman Place.

Foto: Colprensa

“Aquí se han presentado muchos problemas para los pescadores desde que se entregó el agua, hay dificultad para coger los pescados, algunos días no se pesca nada, ya no se puede ir a pescar por las zonas del litigio que son de una riqueza marina impresionante, es un área rica en pesca”, señaló Hawkins.

Otros sectores afectados es el de los restaurantes de comida típica que basan su gastronomía en productos marinos, Benjamín Mafla que es propietario de Miss Celia Taste asegura que es tan difícil la situación de la pesca en las islas que ahora se está importando pescado desde Brasil para surtir los restaurantes.

Por su parte Virgilio Taylor Bowie pescador nativo se mostró preocupado por las dificultades que tienen los pescadores, señaló que muchas veces al regresar de una faena de pesca, el producido no les alcanza ni para pagar el combustible, por lo que solicita al Gobierno Departamental y Nacional apoyar a los pescadores con subsidios para combustible y renovación de embarcaciones.

Ante este panorama se espera el resultado del proceso presentado en 2013 por Nicaragua contra Colombia, sobre la delimitación de plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de la costa de los Mosquitos, que el 18 de febrero de 2019, la Cancillería colombiana presentó una dúplica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), siendo una defensa por los derechos en el Mar Caribe que tiene Colombia.

Con un panel académico, la comunidad y autoridades conmemoran el “Día de la Indignación Departamental”, en el cual analizaran tesis sobre los alcances de esta decisión que afecta además de los espacios marítimos del país, los derechos humanos del pueblo ancestral y sus derechos territoriales.

Foto: Colprensa

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