Acuerdo de paz en Colombia: Así va a nueve años de su firma
A nueve años de firmar los acuerdos de paz en el país, las víctimas cada vez tienen mayores garantías para cumplir lo pactado y vivir con seguridad y oportunidades luego del 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el documento de 310 páginas para buscar la paz en Colombia.
Este Acuerdo que, en seis puntos, establece medidas para abordar las causas estructurales del conflicto: Reforma Rural Integral (RRI), participación política, fin del conflicto, sustitución de cultivos de uso ilícito, centralidad de las víctimas, e implementación, verificación y refrendación, es referente internacional, entre otros aspectos, por incluir los enfoques de género y étnico.
En RTVC Noticias te decimos en qué va la implementación de los acuerdos de paz y cómo el Gobierno del Cambio ha hecho el trabajo para cumplir a los 11.250 firmantes de paz, al igual que las víctimas y la sociedad en general.
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Acuerdos de paz: víctimas, seguridad y participación en el Gobierno del Cambio
Por ejemplo, en el Gobierno del Cambio del presidente Petro se han implementado más medidas para las víctimas, entre ellas la firma del Decreto 0638 del 10 de junio de 2025, por medio del cual se reglamenta el Programa de Protección Integral (PPI).
Este decreto tiene como objetivo coordinar, junto con las entidades competentes, la implementación de políticas, programas, acciones y medidas orientadas a la protección integral de las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política legal, así como de los y las exintegrantes en proceso de reincorporación y de sus familias, de acuerdo con su nivel de riesgo.
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También hay avances y cumplimiento en seguridad para los firmantes. En siete departamentos del país, entre otros, Valle, Cauca, Guaviare, Chocó y Norte de Santander, durante el Gobierno del Cambio se reconoce la activación de instancias del Sistema Integral para el Ejercicio de la Política (SISEP), la concertación, aprobación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) y la reglamentación del Programa de Protección Integral, deudas que tenía el Acuerdo tras nueve años de su implementación y que han sido logrados en el mandato del presidente Gustavo Petro.
También la Ley 2421 de 2024 introdujo avances en la política de víctimas y su articulación con la Reforma Rural Integral, pero la coincidencia entre iniciativas de retorno, reubicación y PDET sigue siendo poca.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha logrado hitos como 1.239 cuerpos recuperados, 162 entregas dignas y 141 personas localizadas con vida. También se han consolidado redes de apoyo con enfoque de género y diversidad. Sin embargo, busca más recursos para sus labores en diferentes regiones del país.
También, el Estado adquirió más de 640.000 hectáreas para el Fondo de Tierras; se han entregado 250.703 hectáreas con carácter redistributivo (161.001 a campesinos, 5.714 a firmantes de paz y 89.694 a comunidades étnicas), y se han formalizado 1.732.564 hectáreas para brindar seguridad jurídica rural al campesinado.
En asuntos de Reforma Rural, el país dio un paso importante con la expedición de normas que permiten crear Zonas de Reserva Campesina en Áreas de Reserva Forestal, lo que brinda seguridad jurídica a miles de familias campesinas que impulsan el desarrollo rural sostenible.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) entró en una nueva fase con la Resolución 021 de 2024, que incorporó renegociación de proyectos, inclusión de líneas no agropecuarias y un Banco de Proveedores Locales. Se han firmado más de 56.000 planes de inversión, aunque solo el 1,5% de las familias ha recibido la atención completa.
En el Programa RenHacemos 11.294 familias han manifestado intención de participar en Argelia, Catatumbo, Putumayo, Roberto Payán y Samaniego. A la fecha (con corte en septiembre de 2025), 3.913 personas ya ingresaron al programa con 5.885 hectáreas comprometidas para transitar hacia economías lícitas.
Por su parte, la política de drogas 2023–2033 plantea un giro hacia la protección ambiental, la corresponsabilidad internacional y el tratamiento diferenciado de poblaciones vulnerables, con la meta de reducir 90.000 hectáreas de coca para 2026 mediante conservación y restauración.