Colombia aprueba histórica ley contra redes de reclutamiento de mercenarios en conflictos extranjeros
El Congreso de la República aprobó una ley que ratifica la Convención Internacional contra el Reclutamiento y Uso de mercenarios, en una decisión que busca transformar la política de seguridad nacional y frenar décadas de participación de colombianos en guerras ajenas.
Tramitada bajo los proyectos 156 de 2024 en el Senado y 579 de 2025 en la Cámara, la ley fue impulsada por el Ministerio de Defensa y parlamentarios del bloque progresista, con respaldo del presidente Gustavo Petro. El primer mandatario ha calificado el fenómeno del mercenarismo como una forma moderna de trata de personas, donde jóvenes vulnerables son convertidos en “mercancías para matar”.
La legislación establece una estructura jurídica sólida para castigar a quienes lideran redes dedicadas a reclutar, financiar, entrenar o emplear mercenarios, sin penalizar a quienes fueron captados mediante engaños o coerción. La aprobación del proyecto se da en un contexto marcado por preocupaciones crecientes sobre la presencia de colombianos en conflictos como el de Sudán, lo que encendió las alarmas sobre el uso de ciudadanos del país como fuerza de combate extranjera.
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El Gobierno advirtió que permitir estas prácticas compromete la soberanía y daña la reputación internacional de Colombia. El Estado también alertó sobre la existencia de empresas fachada que operan como plataformas de reclutamiento ilegal, en ocasiones utilizando vínculos con exmiembros de la Fuerza Pública.
Uno de los objetivos centrales de la norma es regular con mayor firmeza el accionar de compañías de seguridad privada. Según el Gobierno, muchas de estas firmas han servido como mecanismo para vincular exmilitares colombianos a conflictos internacionales bajo contratos ambiguos que terminan involucrándolos en actos de guerra.
La ley también incorpora una visión restaurativa al reconocer que muchas de las personas reclutadas como mercenarios fueron víctimas de redes criminales internacionales. Por eso, la responsabilidad penal se centra en los reclutadores y financiadores, no en quienes actuaron bajo manipulación.
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El presidente Petro subrayó que una democracia no puede permitir que sus jóvenes sean usados como piezas descartables en guerras extranjeras. De acuerdo con el primer mandatario esta norma reafirma el compromiso de Colombia con la paz y el respeto al derecho internacional. La ratificación de la Convención también fortalece los mecanismos de cooperación judicial con otros países y permite avanzar en protocolos de extradición de reclutadores que operan desde el exterior.
Aunque la aprobación de la norma representa un avance significativo, el Estado colombiano reconoce que el gran desafío será garantizar su aplicación efectiva. Para ello, será necesario fortalecer los sistemas de control y vigilancia, y diseñar programas sociales que ofrezcan alternativas reales para jóvenes y exmilitares en situación de vulnerabilidad.
El Ejecutivo considera que estas prácticas deterioran la seguridad interna, abren la puerta a violaciones al derecho internacional y ponen en riesgo la neutralidad del país frente a escenarios de violencia global. Organizaciones defensoras de derechos humanos han celebrado la aprobación, destacando que es un paso firme contra la economía ilegal del mercenarismo, que durante años funcionó con altos niveles de impunidad en el país.