En Valledupar, Ministro de Defensa pidió perdón por 23 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos hace 20 años, en el Cesar y La Guajira
“Nuestro compromiso es con Colombia, con la verdad y la justicia, por la memoria de las víctimas, por sus familiares y especialmente, nuestro compromiso es con todos ustedes. Esos hechos que hoy recordamos con profundo dolor jamás debieron ocurrir y por ningún motivo podrán repetirse”.
De esta manera y dirigiéndose a decenas de familiares de las 23 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, concluyó el acto público de perdón y reconocimiento que se realizó en Valledupar.
El Ministro resaltó la importancia de este acto público de reconocimiento de responsabilidad, que permite que la sociedad en su conjunto y el Ministerio de Defensa como institución avancen en las garantías de no repetición.
El acto de perdón, que se realizó en razón a las sentencias que calificaron estos hechos como graves violaciones de derechos humanos, homicidios en persona protegida y crímenes de lesa humanidad, inició con el ingreso de los familiares de las 23 víctimas al auditorio de la Universidad Popular del Cesar, sede Sabanas, portando camisetas con frases como “nunca los olvidaremos” y cargando las fotos de sus familiares asesinados y desaparecidos.
En el evento público que inició a las diez de la mañana de este sábado 15 de noviembre, se escucharon los testimonios de las familias de las 23 personas, en su mayoría jóvenes y menores de edad, entre ellos campesinos y personas pertenecientes a las comunidades indígenas, que fueron desaparecidos y luego presentados como muertos en combate con el Ejército Nacional.
Como una manera de aceptar el reconocimiento se escucharon las gaitas kankuamas interpretar el Chicote, música ancestral de esta comunidad residente en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, que espera que estas acciones no se vuelvan a repetir.
Entre los representantes de las víctimas estaba Oseas Tomas Arias Martínez, indígena kankuamo, familiar de Enrique Arias Martínez, muerto por uniformados del Ejército Nacional el 22 de junio de 2004. Triste al recordar ese episodio, pero agradecido porque se supo la verdad, manifestó que valora este espacio y lo considera un acto que busca la paz.
“Este es un reconocimiento a la vida y sobre todo a que nosotros nos sigamos amando, nosotros estamos en esta vida para promover la unidad y esta es una manera de hacerlo”, añadió Arias Martínez al hablar sobre este acto de perdón por la muerte de su ser querido.
Dijo además que quieren vivir en paz, por lo que agradece al Gobierno Nacional por este gesto de pedir perdón por crímenes ocurridos hace dos décadas. “Ya estamos cansados, esta es una parte que hoy valoramos, nosotros como víctimas no teníamos el permiso de llorar nuestros cadáveres; hoy tenemos la satisfacción de saber que nuestros seres queridos no eran delincuentes como nos dijeron”, precisó al recordar lo ocurrido a su hermano hace 21 años.
Abrazando la fotografía de su hermano, Silsa Matilde Arias Martínez, líder de la comunidad kankuama, recordó que su hermano era “una persona positiva, no fue un falso” y que con este acto de reconocimiento, 21 años después, se conoce finalmente la verdad.
En silla de ruedas y sosteniendo el portarretrato de su hijo Jhon Carlos Gómez, estaba Antonio Gómez, quien expresó su deseo de darle cristiana sepultura a su familiar. “Él era mi hijo, mi primer hijo, el Ejército me lo quitó hace 22 años, cuando estaba en el barrio Siete de Agosto de Maicao, La Guajira. Estaba en una casa de unos parientes, debajo de un palo de trupillo, y más nunca lo hemos encontrado”, relató.
Los hechos
De acuerdo con información oficial, los jóvenes y menores de edad fueron víctimas de ejecución extrajudicial por parte de integrantes adscritos al Batallón de Artillería N.º 2 La Popa y al Grupo de Caballería Mecanizado N.º 2 Juan José Rondón, entre 2004 y 2006. Varios de ellos pertenecían a los pueblos indígenas Wiwa, Kankuamo y Wayuú.
Las investigaciones judiciales demostraron que no existió confrontación alguna, que las víctimas estaban desarmadas y que los cuerpos fueron manipulados, uniformados y armados para fabricar resultados operacionales. Los fallos concluyeron que las ejecuciones ocurrieron en un contexto sistemático de violencia contra los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y contra jóvenes de sectores populares del Caribe.
Con este reconocimiento público, el Gobierno Nacional continúa fortaleciendo una política de memoria y reconciliación, donde la verdad se convierte en punto de partida para que hechos como estos no se repitan nunca más.