El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que está a cargo de la apelación en el caso de Álvaro Uribe negó ya la preclusión por el delito de soborno de testigos que solicitaba la Fiscalía.
Esta medida tiene el objetivo equiparar la intensidad laboral de otros países de la región, siguiendo las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
