La acusación se dio por presuntas irregularidades en el incremento de la planta del personal docente y administrativo, excediendo lo dispuesto por el Ministerio de Educación.
El contrato por el cual es investigado Ariel Palacios Calderón fue celebrado durante el año 2020, y asciende a 220 millones de pesos para la compra de elementos de bioseguridad.