El alto tribunal seleccionó la tutela interpuesta por el exfuncionario, con la cual buscaría revertir la decisión tomada por el Consejo de Estado, que declaró nula su elección.
Según el ente de control, de 2010 a 2013, se destinaron dichos recursos para la producción de etanol, sin embargo, la caña sembrada no se utilizó para este propósito.
Las facultades del ministerio Público para suspender de sus cargos a funcionarios elegidos popularmente, ha sido materia de observaciones del presidente, quien ha pedido respetar los fallos de la CIDH.
De 85 proyectos, 32 están registrados como elefantes blancos, ya que, aunque los han concluido no han sido puestos en funcionamiento o no cumplen con su función.
La Contraloría actualmente cuenta con 23 procesos de responsabilidad fiscal por $16.132 millones de pesos, por irregularidades en los recursos públicos en Guainía.
