De acuerdo con Dejusticia, aunque hasta el 7 de junio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Salud debían entregar esta información.
Los hechos estarían relacionados con un contrato para el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad sobre la resolución de conflictos intrafamiliares e interpersonales.
