El contrato por el cual es investigado Ariel Palacios Calderón fue celebrado durante el año 2020, y asciende a 220 millones de pesos para la compra de elementos de bioseguridad.
Según la Procuraduría, cuando era gobernador de Nariño, habría permitido la entrega del convenio del aguardiente a una empresa recién creada, que no tenía la experiencia exigida.
La sentencia del alto tribunal se refiere a los contratos que encubren verdaderas relaciones laborales y no los auténticos contratos de prestación de servicios.
