Serán imputados por las irregularidades en cuatro otrosíes, con los que se contrataron diseños y obras, y se modificó la forma de pago del tramo Ocaña – Gamarra.
Según el ente acusador entre 2013 y 2019 se identificaron diversas irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura.
De acuerdo con la investigación durante 2015 y 2016, Ricaurte habría recibido dinero para frenar varios procesos que se seguían en la Corte Suprema de Justicia.
Las propiedades están avaluadas en más de 27.425 millones de pesos y se encuentran ubicadas en Bogotá, Atlántico, Antioquia, Chocó, Bolívar, Caquetá, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre.
