Según la investigación, López Benavides habría sido contactado por los empresarios Emilio Tapia y Juan José Laverde, quienes ya están judicializados por estos hechos.
Esta petición se da días después de que Jhonier Leal dijera en una audiencia de revisión de preacuerdo que la Fiscalía lo presionó para firmar este documento.
Las conductas están relacionadas con cinco contratos, suscritos entre 2014 y 2015, en los que habría tenido participación Edwin Gilberto Ballesteros Archila como gerente de ESANT.
