Presuntamente, el concejal de El Charco, Nariño, Tulio Peña Enríquez, era el encargado de la supervisión en cuanto a la construcción de las embarcaciones.
Según el organismo, para determinados grupos ilegales la droga fue determinante en la financiación del conflicto. Para algunos sectores –señala– representó una herramienta de crimen y poder, mientras que para otros les permitió conservar su status quo.
