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Foto: Colprensa - Septiembre 2019.

Un total de 657 terceros civiles pidieron acogerse a la JEP

En poder de la Jurisdicción Especial para la Paz hacen trámite 657 solicitudes de civiles que quieren hacer parte de ese modelo de justicia transicional, según informó la presidenta de esa instancia, magistrada Patricia Linares. Mientras que en manos de la Fiscalía hacen tránsito 76 peticiones más de carácter individual y dos más colectivas, conforme lo dio a conocer el fiscal encargado Fabio Espitia.

El anuncio fue entregado en la tarde de este lunes tras una declaración conjunta de los altos funcionarios, luego del vencimiento para que los terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública se postularán a la JEP. El plazo terminó el viernes anterior, al cumplirse los tres meses de la sanción presidencial de la ley estatutaria.

Linares precisó que, de las 657 solicitudes radicadas, 513 ya están repartidas y han iniciado su trámite en la correspondiente Sala. Las demás se encuentran en proceso de reparto. Sobre estas solicitudes vale recordar que serán tramitadas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Lo que sigue, advirtió Linares, “es hacer un primer análisis, determinando que los hechos tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado, sean anteriores al 01 de diciembre de 2016 y que la persona se comprometa con presentar un plan inicial de verdad, reparación y no repetición, que evaluarán en conjunto la JEP y la Procuraduría”.

El tema no es de poca monta, ya que, con estos potenciales comparecientes, como lo ha indicado la propia JEP, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición podrá tener más elementos y contar con un espectro más amplio de lo ocurrido durante décadas de conflicto, esto con el fin de esclarecer el contexto en el que ocurrieron algunos episodios violentos en el territorio.

La JEP considera que los agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública que puede obtener los beneficios del tribunal de paz son aquellos que “contribuyeron a la comisión de conductas relacionadas con el conflicto armado mientras estaban ejerciendo como miembros de las corporaciones públicas, como empleados o trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas, territorialmente y por servicios”.

Bajo esta categorización, Linares precisó que se recibieron 117 postulaciones. Mientras que de terceros no combatientes se radicaron, vía correo electrónico o por ventanilla, 540 peticiones. Este último grupo lo integran “las personas que no hicieron parte de una organización o grupo armado, pero que contribuyeron a la comisión de conductas relacionadas con el conflicto armado”.

Conforme a lo anunciado por Linares la revisión se hará caso por caso y se tomará el tiempo que sea necesario para evitar colados que puedan acceder a los beneficios que les significa estar bajo las condiciones de la Jurisdicción.

Por ejemplo, en el caso del grupo de los agentes podrán acceder a beneficios como la libertad transitoria, condicionada y anticipada. Y los terceros que no hayan sido condenados en la justicia ordinaria, según el caso, también pueden acceder a una sanción propia, es decir de dos a ocho años de restricción efectiva de la libertad en establecimiento no carcelario.

En el tiempo de revisión los magistrados podrán solicitar a los solicitantes ampliación de alguno de los puntos de reparación o de esclarecimiento a la verdad. En caso de que la solicitud sea rechazada, puede entablarse un recurso de apelación.

Por el lado de la Fiscalía, el jefe encargado del búnker reveló que a la Dirección de Política y Estrategia llegaron las dos solicitudes colectivas en las cuales están 163 postulados de la llamada ley de Justicia y Paz. Ante esta misma jurisdicción se radicaron 49 solicitudes individuales.

“Las Direccionales Seccionales han recibido y tramitado veintisiete solicitudes de sometimiento de exintegrantes de las AUC y una solicitud de un tercero civil”, señaló Espitia.

Se prevé que se haga un cruce de las postulaciones recibidas tanto en una como en otra entidad para verificar si hubo posibles comparecientes que hicieron una doble radicación de documentos buscando ser incluidos por cualquiera de las dos instancias.

Uno de los requisitos primordiales para presentar la solicitud es que los comparecientes estuvieran vinculados a una investigación penal por los hechos por los que buscan someterse a la JEP. De allí que el tribunal de paz haya señalado que “rechazará de plano las solicitudes que no hayan sido presentadas previamente ante la autoridad competente de la jurisdicción ordinaria”.