Masacre del Aro en Ituango: 24 años después las víctimas reclaman justicia

Han pasado 24 años y la masacre de El Aro (22 de octubre de 1997) sigue siendo motivo de discusión en los escenarios políticos, culturales y sociales del país. Según académicos y juristas, allí se evidenció la peor cara del conflicto armado colombiano, la connivencia de la fuerza pública y los grupos paramilitares, y la indiferencia del gobierno.

El Aro sufrió un hecho atroz, lo que es consecuente con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien condenó al estado colombiano; además, es claro el abandono en el que está sumida la población, porque llegar al Aro es regresar en el tiempo.

“La situación en el Aro corresponde con muchas situaciones de la ruralidad en Colombia en general; son situaciones de abandono claramente y de economías muy frágiles, las comunidades esperan el cumplimiento por parte del gobierno de la construcción de la vía de acceso, como una medida de reparación y la posibilidad de reactivar su economía”, aseguró Nubia Ciro, lideresa del municipio de Ituango.

“La estigmatización pudo haber sido la justificación de un Estado al que se le adjudica la omisión, fueron siete días para que los ilegales hicieran todo cuanto quisieran en una población vulnerable e indefensa”, añade la lideresa, quien además puntualiza que “sobre estos hechos aún no se ha establecido la verdad, un derecho al que deberían acceder las comunidades víctimas por ser los protagonistas directos y a las que se les debe garantizar, además, garantías de no repetición”.

En 2021 un grupo interdisciplinario se prepara para conmemorar esta fatídica fecha; según el comité organizador, “no solo para hacer memoria, sino para reclamar justicia para un pueblo que fue maltratado arrasado. Esto, para garantizar que la huella de este hecho nunca se borre, que no desaparezca del corazón de este pueblo”.

De acuerdo con Max Yuri Gil Ramírez, coordinador de la Comisión de la Verdad para Antioquía y el Eje cafetero, quien acompañará los actos conmemorativos en el territorio, señaló que “para la Comisión de la Verdad es muy importante participar en este acto que busca el reconocimiento de la dignidad de las víctimas; esta es una de las peores masacres en la historia del país, especialmente en la de Antioquia, que marcó un hito desafortunado por los niveles de barbarie que se presentaron”.

José Barrera fue víctima de robo y desplazamiento tras la masacre, sus familiares y amigos fueron asesinados y, según él, “durante estos hechos la fuerza pública dejó desprotegida a nuestra población durante todo el ataque (…) aún seguimos tratando de recuperarnos solitos, aquí no vienen sino a tomarse fotos”.

Por esta masacre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización cercana a 3.400 millones de pesos a favor de 123 familiares de las víctimas; sin embargo, líderes como Bernardo Muñetón, indican que algunas personas no han recibido ayuda del Estado.

“Aquí hay personas que no han recibido ni un peso, también preguntamos sobre la reparación colectiva, aquí no ha llegado nada, estamos peor que antes”, denunció.

En su sentencia, la CIDH señala que “esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado, no solo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas”. También indica que “los Estados deben adoptar las medidas necesarias, no solo a nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también para prevenir y proteger a las víctimas de actos criminales e investigar efectivamente estas situaciones”.

De acuerdo con la CIDH, la responsabilidad del Estado por dichos actos se enmarca dentro de un patrón de masacres semejantes y se derivan de los actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la fuerza pública apostados en dicho municipio.

De acuerdo con datos de la Corte, en estos hechos 17 campesinos perdieron la vida en estado de indefensión, otros tantos fueron desplazados y despojados de sus tierras y pertenencias.