Las Zonas de Reserva Campesina crecieron más del doble durante el gobierno actual
Las Zonas de Reserva Campesina se establecieron en el año 1994 a través de la Ley 160, y se han convertido como uno de los asuntos más importantes del Gobierno de Gustavo Petro.
Durante el actual gobierno, se ha consolidado la constitución de 13 Zonas de Reserva Campesina (ZRC) ubicadas en distintas regiones del país como Guaviare, Bolívar, Cundinamarca, Putumayo, Antioquia, Santander, Magdalena, Meta, Boyacá, Valle del Cauca, Caquetá, Tolima, Cauca, Córdoba y Norte de Santander.
Las Zonas de Reserva Campesina buscan fortalecer la economía de las poblaciones históricamente afectadas por el conflicto, creando condiciones de equidad y justicia a través del aprovechamiento de tierras baldías que facilitan la reforma agraria.
Además de las Zonas de Reserva Campesina, el gobierno ha titulado más 1.5 millones de hectáreas de tierra a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, como un paso importante hacia la justicia social.
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En lo que resta de su Gobierno, el presidente Gustavo Petro espera constituir más Zonas de Reserva Campesina, reconociendo que estas representan una deuda histórica con quienes habitan el campo colombiano, para así continuar superando la concentración de tierras a manos de unos pocos que históricamente ha afectado a las comunidades más vulnerables del país.
¿Qué son las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)?
Las Zonas de Reserva Campesina son figuras jurídicas creadas por la Ley 160 de 1994 en Colombia, con el objetivo de ordenar el territorio rural, garantizar el acceso a la tierra de los campesinos y promover el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.
En términos prácticos, una ZRC es un área delimitada en la que el Estado reconoce la vocación campesina de sus habitantes y busca evitar la concentración de tierras en pocas manos. Allí se fomenta la producción agroalimentaria, se fortalecen las economías campesinas y se protege el uso social y ambiental de la tierra.
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Además, estas zonas se convierten en espacios de planificación participativa: las comunidades, junto con las instituciones, elaboran un Plan de Desarrollo Sostenible, que guía las inversiones en infraestructura, educación, salud, proyectos productivos y cuidado ambiental.