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Capturan y judicializan 40 personas por delitos ambientales

Con sus presuntas acciones, estas personas estaban afectando considerablemente resguardos indígenas, bosques primarios y fuentes hídricas.

En los últimos dos días fueron capturadas 40 personas por realizar tala ilegal de bosques y actividades relacionadas con la minería ilegal. Los procedimientos por parte de la Fiscalía se llevaron a cabo en los departamentos de Boyacá, Guaviare, Caquetá, Chocó, Antioquia y Cesar.

La delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, de manera conjunta con las fuerzas militares y la Policía Nacional, lograron estas capturas.

En el operativo desarrollado en Boyacá se pudo desarticular una red señalada de obtener de manera irregular licencias y salvoconductos para la explotación, transporte y comercialización de madera, que era extraída del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas. De esta organización fueron capturadas seis personas que habrían promovido la tala de por lo menos 353 hectáreas de bosque nativo.

De otro lado, en San José del Guaviare, la Fiscalía logró la captura de otras seis personas que realizaban ganadería a gran escala dentro del resguardo indígena Nukak Makú, comunidad de especial protección constitucional por riesgo de exterminio físico y cultural.

Allí, en tres predios diferentes, habrían sido arrasadas cerca de 800 hectáreas de selva para levantar asentamientos y corrales para la cría de ganado, actividad prohibida en esta área de conservación ambiental.

En San Vicente del Caguán (Caquetá) fue capturado Gildardo Toledo Villa, señalado de ser uno de los mayores auspiciadores de la ganadería extensiva en el Parque Nacional Natural Los Picachos. Esta persona, en un predio conocido como El Despecho, supuestamente deforestó 39 hectáreas de bosque primario para acondicionar pastizales y criar ganado.

En el Bajo Cauca antioqueño las operaciones dieron como resultado la captura en fragancia de 17 personas, entre ellas cuatro ciudadanos brasileños, por extracción ilegal de oro mediante el uso de gigantescas dragas y sustancias tóxicas sobre el río Nechí, en Caucasia.

Durante las diligencias fueron destruidos dos ‘dragones’, retroexcavadoras y otros elementos que superarían en valor los 6 mil millones de pesos.

Asimismo, en el departamento del Chocó, en el municipio de Unión Panamericana, la Fiscalía a través del CTI, las fuerzas militares y la Policía Nacional llegaron a un entable de minería ilegal justo en el momento en el que se vertía mercurio sobre una vertiente del río Quito, fuente hídrica de especial protección constitucional de esta zona del país.

Por último, en Valledupar, Cesar, fue intervenido un enorme yacimiento de material de arrastre y de construcción que, sin licencia ambiental ni autorización alguna, explotaba indiscriminadamente cerca de 40 hectáreas. Este frente de minería ilegal estaría afectando al río Cesar, fuente hídrica que hace parte del ecosistema de la Serranía del Perijá.

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