Fiscalía impone extinción de dominio a bienes ligados a Emilio Tapia y exministra Karen Abudinen
En medio de un operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación, agentes de policía judicial ejecutaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 23 bienes vinculados a los principales implicados en el escándalo de corrupción de Centros Poblados.
La acción se enmarca dentro de un proceso de extinción del derecho de dominio, adelantado por una fiscalía especializada, con el objetivo de recuperar activos que, presuntamente, fueron adquiridos con recursos públicos desviados del contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.
¿A cuánto asciende el valor de los bienes embargados?
De acuerdo con la Fiscalía, los bienes afectados estarían avaluados en más de 65.900 millones de pesos. Entre los activos se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, que harían parte del patrimonio de los investigados.
Los inmuebles y activos están ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, regiones donde se habrían materializado operaciones para ocultar o mover los recursos obtenidos de manera irregular.
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¿Quiénes aparecen como propietarios de los bienes?
Las medidas cautelares recaen principalmente sobre bienes que pertenecerían al contratista Emilio José Tapia Aldana, condenado por su participación en el entramado de corrupción y quien recientemente obtuvo libertad condicional por decisión de un juzgado de ejecución de penas en Barranquilla.
Además, la investigación involucra activos registrados a nombre de los empresarios Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres y Luis Fernando Duque Torres, así como de algunos de sus familiares, quienes también habrían tenido participación en las irregularidades del contrato.
Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, las propiedades habrían sido adquiridas mediante dineros provenientes de las actuaciones ilícitas detectadas en el proceso contractual, así como del anticipo recibido de forma irregular por la Unión Temporal Centros Poblados.
El ente acusador estableció que, en algunos casos, se habría dado una mezcla de recursos lícitos e ilícitos, razón por la cual se aplicaron las causales de equivalencia, mezcla y destinación, contempladas en la legislación sobre extinción de dominio.
Las investigaciones indican que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumentos para la comisión de las irregularidades, facilitando el desvío de recursos destinados a la instalación de centros digitales en escuelas rurales de 16 departamentos, proyecto que nunca se ejecutó conforme a lo pactado.
¿Por qué se embargó un inmueble de la exministra Karen Abudinen?
En atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
Esta decisión se adopta dentro del mismo proceso, como parte de las acciones orientadas a resarcir el daño patrimonial al Estado, tras uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector de las telecomunicaciones.
Según explicó el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, las medidas buscan recuperar bienes adquiridos con dineros públicos, ante la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados.
Con estas actuaciones, la Fiscalía General de la Nación pretende garantizar que los activos vinculados al caso puedan eventualmente incorporarse al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción que frustró la conectividad de miles de estudiantes rurales en Colombia.