El Gobierno Nacional, en cabeza del MinTrabajo y MinHacienda, acordó con las organizaciones sindicales un incremento salarial del 7 % para los trabajadores estatales en 2025, con retroactividad desde el 1 de enero. Para 2026, el aumento corresponderá al IPC causado más 1,9 %, también con vigencia a partir del 1 de enero.
El anuncio fue realizado por los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, y de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, quienes destacaron el logro como un avance significativo en la negociación colectiva del sector público.
“Es una muy buena noticia para el país, ad portas del Día del Trabajo y con la radicación de la consulta popular. Este acuerdo representa un modelo de negociación colectiva que queremos replicar”, afirmó el ministro Sanguino.
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El acuerdo cobija a más de 1 millón 250 mil trabajadores estatales, quienes recibirán el reajuste salarial en sus nóminas con retroactividad desde el inicio del año.
Desde el Ministerio de Hacienda, el ministro Ávila Plazas resaltó que, pese al contexto de estrechez fiscal, el Gobierno ha cumplido con el mandato presidencial de priorizar a los trabajadores: “Este es un esfuerzo en medio de restricciones, pero refleja nuestro compromiso con el empleo público”.
El acuerdo hace parte del proceso de negociación nacional del sector público 2025, que incluye la discusión de un pliego unificado con 91 solicitudes, además de 12 mesas sectoriales, negociaciones por entidad y procesos a nivel territorial.
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“Negociamos el salario, pero aún quedan pendientes temas de prestaciones y condiciones laborales. Saludamos este esfuerzo que, aunque insuficiente, va en la dirección correcta”, señaló Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Este logro se da en el contexto de la próxima radicación de la Consulta Popular ante el Congreso, una iniciativa que plantea 12 preguntas orientadas a reformar condiciones laborales y sociales en el país.
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¿Qué es el IPC y por qué es positivo que el aumento salarial esté ligado a él?
Según el Banco de la República, el IPC (Índice de Precios al Consumidor) es una medida que indica cómo varían, en promedio, los precios de una canasta de bienes y servicios que consumen las familias. Es, en esencia, el indicador de la inflación en un país: si el IPC sube, significa que el costo de vida ha aumentado.
Por eso, cuando un aumento salarial se define como “IPC causado más un porcentaje adicional” —como ocurre con el aumento del IPC +1,9 % acordado para los trabajadores estatales en 2026—, se busca que el salario no solo mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación, sino que aumente un poco más en términos reales.
¿Por qué es positivo para los trabajadores?
De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo (OIT, el aumento al IPC, protege el poder de compra; al agregar un porcentaje por encima del IPC, los trabajadores no solo empatan con el alza del costo de vida, sino que ganan un margen adicional. Además, da estabilidad financiera ya que, este tipo de aumentos mejora la planificación económica del hogar y ayuda a compensar aumentos en salud, transporte o alimentos. Por último reconoce al trabajador público porque, en contextos de ajuste fiscal, comprometerse a un aumento real (como hizo el Gobierno) envía un mensaje de respeto y valoración al empleo estatal.
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