Gobierno establece que precio de viviendas sociales debe fijarse en pesos y no en salarios mínimos
El Ministerio de Vivienda publicó un borrador de decreto que busca proteger a los compradores de Vivienda de Interés Social (VIS) estableciendo que los precios deben pactarse en pesos colombianos desde el inicio, y no indexarse al salario mínimo.
La medida surge en medio del debate por el aumento del 22,7% en el salario mínimo para 2026, y pretende evitar que este incremento se traduzca automáticamente en alzas injustificadas en el costo de las viviendas sociales.
El presidente Gustavo Petro defendió la iniciativa argumentando que vincular el precio de la vivienda al salario mínimo "es una aberración económica", ya que el costo de las construcciones depende de factores como materias primas, tasas de interés y valor del suelo, no solo del componente laboral.
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"El precio de la vivienda depende de sus materias primas, de los intereses para construir, hoy muy altos, del precio de la tierra", señaló el mandatario en sus redes sociales.
La ministra de Vivienda, Helga María Rivas, explicó que el decreto garantiza transparencia y seguridad jurídica, impidiendo cambios de precios por el simple paso de año. "Esto evita alzas automáticas de la vivienda y busca que los precios obedezcan al comportamiento real de costos de construcción y financiación", indicó.
El proyecto mantiene el tope general de 135 salarios mínimos para la VIS, pero aclara que este límite no equivale al precio final del inmueble. Además, deroga normativas previas que permitían utilizar topes excepcionales como referencia general.
La propuesta estará abierta a comentarios públicos hasta el 24 de enero, y busca alinearse con instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre transparencia en precios para consumidores.
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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó la medida afirmando que protege a las familias de menores ingresos de prácticas abusivas que afecten su capacidad de compra.