Autonomía estratégica y aumento de incautaciones: el Gobierno presenta avances en la lucha contra las drogas
El Gobierno nacional presentó un balance sobre los resultados de su Política Antidrogas, denominada por el presidente Gustavo Petro como Política Antinarcotraficantes, en el marco de un Consejo de Ministros en el que participaron el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, y el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana.
En su intervención, el ministro Sánchez destacó que las acciones combinadas de la Fuerza Pública, INDUMIL y otras entidades del sector defensa han permitido reducir de manera significativa la oferta de estupefacientes, potenciar las capacidades operativas y avanzar en proyectos de producción de equipo nacional.
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Principales cifras del balance
6.417 millones de dosis dejaron de llegar a los consumidores, lo que, según el Gobierno, representa una afectación aproximada de 77.000 millones de dólares a las rentas del narcotráfico.
En lo corrido de 2025, la incautación de cocaína aumentó 5% frente al mismo periodo del año anterior, pasando de 675.116 kg a 707.904 kg.
3.683 personas vinculadas a estructuras criminales fueron neutralizadas este año: 1.562 del Clan del Golfo, 957 de Grupos Delincuenciales Organizados, 895 de Grupos Armados Organizados Residuales y 269 del ELN.
La destrucción de laboratorios para el procesamiento de alcaloides creció 25%, alcanzando 4.831 instalaciones eliminadas.
Estrategia integral: oferta, demanda y sustitución
El ministro insistió en que el narcotráfico debe tratarse como un problema de salud pública que exige respuestas simultáneas sobre la oferta y la demanda. En ese sentido subrayó la relación entre cultivos e incautaciones; aunque los cultivos aumentaron 3% el año anterior, las incautaciones crecieron 19%, lo que, según el Gobierno, indica una mayor capacidad de intervención que supera la expansión de la producción.
El jefe de la cartera de defensa, reafirmó además que la erradicación se realiza “bajo la línea” presidencial que prioriza la sustitución de economías ilegales, es decir, programas y alternativas económicas para las comunidades afectadas.
Coordinación interinstitucional y control del combustible
Como parte de la estrategia, el Ministerio de Defensa trabaja de manera articulada con el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Transporte y la Fiscalía General de la Nación en una estrategia integral para el control de hidrocarburos, con especial énfasis en evitar el apoderamiento y el desvío de combustible legal y subsidiado que alimenta economías criminales.
Autonomía estratégica y fortalecimiento operativo
En materia de capacidades, el portafolio de Defensa resaltó avances en autonomía estratégica, desarrollo de sistemas antidrones, adquisición de carros blindados y fortalecimiento de la Armada con una patrullera oceánica, un buque hospital y tres lanchas de interdicción para San Andrés. Además, se anunció un proyecto para construir un buque logístico de 550 toneladas con doble propósito, operacional y comercial, que, según el ministro, facilitaría el transporte regional y proyectos humanitarios.
Ofensiva contra los grupos armados
Sánchez afirmó que la ofensiva estatal contra los grupos armados se ha intensificado un 50% en 2025, lo que se traduce en un aumento del 21% en neutralizaciones. “quien diga que estamos de manos atadas yo creo que es una ofensa hasta con las viudas y con los huérfanos, pues son héroes y heroínas globales que están deteniendo y conteniendo la amenaza del narcotráfico", señaló, en defensa de las operaciones militares y policiales.
Balance y desafíos
El Gobierno presentó las cifras como evidencia de una estrategia más coordinada y técnicamente dotada, pero los analistas y organizaciones de derechos humanos señalan que la complejidad del fenómeno exige, además de resultados operativos, mayor énfasis en alternativas sostenibles para las comunidades rurales, supervisión independiente y medidas que reduzcan la demanda interna y transnacional de drogas.
Las autoridades anunciaron que mantendrán las operaciones y seguirán ampliando capacidades para sostener la presión sobre las estructuras criminales, al tiempo que promueven programas de sustitución económica y control de insumos que alimentan la producción ilícita.